El ararteko reclama "herramientas" para facilitar una "respuesta homogénea" en la prestación de servicios sociales

En el mismo, se denuncia la existencia de "diferencias territoriales" en aspectos como la cobertura y estructura de la oferta de plazas residenciales y no residenciales, ratios de atención de los servicios sociales de base, cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio y de las ayudas de emergencia social, gasto público municipal, patrones de financiación de los servicios sociales municipales.

Según ha explicado, cada comarca o municipio ha desarrollado los servicios, las prestaciones y la organización de un modo diferente. Por ello, ve necesario "dotarse de modelos teóricos y herramientas técnicas comunes que faciliten la respuesta homogénea a las necesidades de las personas y la articulación del sistema".

Lezertua ha precisado que no pone en cuestión el modelo territorial pero ha señalado que si el Parlamento vasco ha apostado por un sistema "altamente descentralizado" es necesario que se habiliten unas "herramientas" para la coordinación e integración de todo el sistema. "No se puede decir que los ayuntamientos son responsables de tal y cual y luego que cada uno funcione por su cuenta, teniendo cientos de sistemas distintos", ha señalado.

Por ello, ha defendido la necesidad de que exista "un mínimo de coordinación" para que el sistema funcione "de manera vertebrada" , algo que ha recordado que ya está recogido en el Plan estratégico de Servicios Sociales del País vasco. "Alguien tendrá que hacer algo para que el sistema funcione con ese modelo", ha insistido ante los grupos parlamentarios.

En sus recomendaciones, el informe incluye el establecimiento de instrumentos comunes de intervención, de gestión del conocimiento, compartir experiencias, formación continua, y ve necesario que exista un "cierto liderazgo" para poner en marcha estos instrumentos.

Respecto a las dotaciones económicas, Lezertua ha recordado que el modelo aprobado por el Parlamento establece que son los ayuntamientos los que tienen que "buscar el dinero en sus presupuestos" para ejercer las "amplias" competencias que les atribuye la Ley municipal y que están definidos en el Decreto de Cartera.

En este sentido, ha indicado que en muchos casos ocurre que las competencias son nuevas, y por ejemplo en lo que se refiere a plazas residenciales o pisos tutelados, "no existe ninguna estructura". Para ello, ha recordado que se ha habilitado un fondo "excepcional" para permitir levantar esas "estructuras" no existentes pero ha advertido de que una vez finalice el periodo de excepcionalidad, corresponderá a los ayuntamientos financiar con sus presupuestos el ejercicio de sus competencias.

Según ha explicado, la Ley municipal dispone que, salvo excepciones, las contribuciones exteriores a los ayuntamientos no deben tener carácter finalista para no ir en contra de la autonomía local, es decir, para que las decisiones se tomen en el nivel municipal. Al respecto, ha recordado que la distribución de los recursos en los presupuestos es una decisión "eminentemente política" por lo que ha interpelado a los grupos parlamentarios porque la distribución de los recursos "son cuestiones que les corresponde dirimir a ustedes".

Al respecto, ha afirmado que "los niveles generales en la prestación de servicios y los presupuestos dedicados a la prestación de servicios sociales han bajado" y ha hecho referencia a los datos del año 2014 que muestran un "ligero repunte del gasto municipal del 0,5%" en los presupuestos. "Se han dado pasos atrás. El mapa de servicios sociales y el plan estratégico inciden en desarrollar los servicios que no existen como residencias, centros de día", ha indicado.

El Ararteko ha recordado que, a pesar de que el Gobierno vasco ha asumido la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) - labor que antes realizaban los consistorios-- , ha señalado que no se puede "descoordinar" el trabajo del Ejecutivo y de los ayuntamientos porque "la denegación de la RGI puede generar necesidades de intervención de los servicios sociales en algunas unidades de convivencia y, por tanto, es necesario que exista un protocolo de intervención común y de comunicación". "Existe un modelo pero no está suscrito por todos los ayuntamientos", ha detallado.

LA EXCLUSIÓN

Por otro lado, ha defendido la necesidad de que los instrumentos de valoración de la exclusión sean "consensuados" y utilizados por los servicios sociales de todos ayuntamientos. Según ha explicado, en la actualidad "se están aplicando en unos sitios y en otros no".

"Está claro que la cuestión de la exclusión, dentro del sistema vasco de servicios sociales, es el menos desarrollado. Los instrumentos de valoración son los más polémicos y desde que se aprobó la ley, los niveles generales en la prestación de servicios han bajado", ha explicado.

Finalmente, la responsable de la Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteko, Elena Ayarza, ha recordado que el informe habla de "un paso atrás en la universalización del sistema" si se tiene en cuenta el perfil de las personas que demandan estos servicios, porque "en una ley que se pretende universal porque se abre a las clases medias y que sea un sistema que pueda dar respuesta a todas las personas y niveles socioeconómicos, el perfil de las personas atendidas vuelven a ser de los últimos", personas sin poder adquisitivo.