madrid - El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, compareció ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso para dar cuenta de algunas polémicas que vienen salpicando a la Fiscalía. Aseguró que el Gobierno “jamás” le ha ordenado ni impuesto alguno de los cambios llevados a cabo recientemente en la cúpula fiscal. Las renovaciones y nombramientos se realizaron con los criterios de mérito y capacidad, incidió, para tratar de acallar las voces de la oposición que señalan que las modificaciones en puestos clave suponen laminar a los fiscales más duros con la corrupción en el PP. Otro de los temas con los que tuvo que lidiar fue la situación procesal del presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, y las presiones denunciadas por el fiscal jefe en esa comunidad. El Ministerio Público actúa “sin atender a la condición o ideología de la persona acusada”, respondió.
La esperada comparecencia de Maza se zanjó con una cerrada defensa de su actuación desde que accediera al cargo en noviembre de 2016. Próximo al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y de corte conservador, hasta la fecha había conseguido pasar casi inadvertido. Las propuestas de cambio en algunas posiciones de cabecera en múltiples fiscalías superiores territoriales -entre ellas la de la CAV con Carmen Adán-, pero más concretamente la sustitución en la de la Audiencia Nacional y Anticorrupción -en esta última situó a Manuel Moix al ser “el candidato idóneo”- le han llevado a dar explicaciones. Se escudó en la necesidad de “dar un impulso” a ambos estamentos judiciales con su llegada.
Moix asumirá el puesto clave en el órgano especializado en la lucha contra la corrupción que investiga casos como Bankia, Pujol, Púnica, Bárcenas, Nóos, Gürtel, la financiación de CDC o los ERE de Andalucía. También generó un hondo malestar el cambio en la Audiencia Nacional -otro puesto clave para analizar las prácticas irregulares de las administraciones públicas y partidos-, donde situó a Jesús Alonso en lugar de Javier Zaragoza. Maza señaló que no existió la “purga” denunciada por los partidos de la oposición, que no dieron por buenas sus explicaciones aunque tampoco pidieran su dimisión.
El fiscal general, no obstante, también tuvo que explicarse por el caso que ha afectado al presidente de Murcia. Negó haber recibido órdenes del Gobierno español ni que existiera cualquiera maniobra política cuando tomó la decisión de oponerse a la imputación de Sánchez en el caso Púnica. Recordó que fue una decisión que avalaron dos informes jurídicos -de la Secretaria Técnica de la Fiscalía y de cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo- con la que él estuvo de acuerdo. Contra su negativa estaban dos de las fiscales que investigaban la trama. Igualmente, Maza negó que el exfiscal de Murcia, Manuel López Bernal, fuera objeto de las presiones que denunció ni que fuera relevado por su papel en las investigaciones sobre Sánchez.
morderse la lengua Maza reflejó además su “rabia” e “indignación” por el trato informativo dado a esta y otras actuaciones de la Fiscalía, “mezclando cosas que no son ciertas”, como por ejemplo su intervención en un caso de prevaricación urbanística que afecta al expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz. Se excusó por ello al advertir que “llevo mordiéndome la lengua” y, a la par, anunció que uno de sus empeños personales será “intentar controlar y evitar las filtraciones, en todos los casos, especialmente en los procedimientos secretos”, que se vienen dando las últimas semanas. A pesar de no pedir su dimisión al Gobierno PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT mostraron sus “dudas” ante el proceder de Maza. Lo hicieron especialmente por la cercanía para con el Gobierno del PP de Rajoy que destilan sus últimas actuaciones. - DNA
