madrid - Desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa hace cinco años el Gobierno de España ha subido la presión fiscal en todos los impuestos. No se ha salvado ninguno, del IRPF al IVA, pasando por los impuestos especiales, los de nueva creación y el de Sociedades, sumido en un tobogán permanente en medio de la improvisada política fiscal del ejecutivo del PP. Grandes subidas al inicio de la legislatura y bajadas para las rentas con sabor preelectoral marcaron la primera legislatura, y ahora apuntan también al segundo mandato de Rajoy, que una vez más a vuelto a incumplir su promesa electoral de bajar los impuestos.
De momento sin embargo el año empieza con más impuestos para las empresas, el alcohol y el tabaco, y un nuevo impuesto para las bebidas azucaradas todavía por concretar. La anunciada rebaja del IRPF de dos puntos para todos los tramos queda relegado así hasta que España “cumpla con el déficit” del 3% fijado por Bruselas, algo que, en el mejor de los casos, no ocurrirá hasta el final de la legislatura que acaba de comenzar.
Un escenario previsible y lógico conocida la situación de las cuentas públicas, pero que no evitó que el PP prometiera bajar impuesto y que, todavía hoy, haga de ello bandera política. Navarra es un buen ejemplo de ello. UPN y PP han dedicado duros calificativos a la reforma planteada por el Gobierno autonómico para acabar facilitando en el Congreso, vía abstención en el caso de los regionalistas, la última subida impositiva.
Ambos partidos habían prometido en campaña bajar la presión fiscal. “Es nuestro modelo para recaudar más”, llegó a plantear su cabeza de lista, Iñigo Alli. Un modelo que sin embargo ha demostrado grandes deficiencias en un escenario económico como el actual. La rebaja de impuestos aprobada en el tramo final de la legislatura acabó desplomando la recaudación, disparando el déficit de 2015 y alarmando a los socios europeos, que llegaron amenazar con sanciones.
El Ministerio de Hacienda se vio obligado así a improvisar un cambio en el Impuesto de Sociedades el pasado septiembre por 9.000 millones, y plantear una reforma por otros 7.000 centrada en los tributos a las empresas y los impuestos especiales. Medidas urgentes para hacer frente al déficit y evitar nuevos recortes, pero que en medio de la crítica de la oposición, populares y regionalistas se han resistido a reconocer hasta después de las elecciones.
igual que en 2011 La actuación del Gobierno central y el partido que lo sustenta es muy similar a la que ya ocurrió tras la llegada de Rajoy a La Moncloa en noviembre de 2011. Un año antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, había encabezada una “rebelión” contra la subida del IVA aprobada por Zapatero entre un paquete de medidas que acabaron lastrando al PSOE. La campaña No más IVA contó con una recogida de firmas en la que participó el propio líder del PP, convertida incluso en lema de los comicios autonómicos de aquel año. “No más impuestos”, decía el PP. Un mes después de ganar las elecciones generales con mayoría absoluta el Gobierno central aprobaba la subida del IRPF y del Impuestos de Bienes Inmuebles. Siete meses después subiría el IVA hasta el 21%, tres puntos por encima de como lo había dejado el PSOE.
Solo al final de la legislatura cambió la dinámica. Con una recuperación incipiente, el ejecutivo central decisión bajar impuestos a las empresas y las rentas, manteniendo en el 21% el IVA que pagan todos los ciudadanos por igual. El resultado fue una caida de la recaudación que ha obligado a tomar nuevas medidas de forma urgente para evitar sancioes de Bruselas.
