bilbao - La movilización convocada por la red ciudadana Sare para el 14 de enero en Bilbao en protesta por el trato a los presos vascos y para reclamar el respeto a los derechos humanos ha logrado la adhesión de 225 juristas.

Varios de estos profesionales del Derecho se reunieron ayer en Bilbao para lanzar un llamamiento a participar en la manifestación, mediante la lectura de un comunicado por parte de dos de sus representantes, Begoña Atxa y Nazario Oleaga.

DISPERSIÓN, PENAS Y ENFERMOS Los tres puntos sobre los que pusieron el foco son el alejamiento de los presos, la decisión de los tribunales españoles de mantener penas ya cumplidas en el extranjero y la estancia en prisión de presos con enfermedades graves o incurables.

Así, según se afirma en el comunicado, “una interpretación de la actual legislación conforme con el Derecho europeo no permite continuar con la actual política penitenciaria”.

Además, con respecto al alejamiento de los presos, recordaron que existen sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que subrayan el derecho de los presos a cumplir condena en centros próximos a su domicilio habitual.

“La dispersión y el alejamiento convierte las visitas en irrealizables en muchos casos, y añaden sufrimiento a un colectivo como el de las familias de los presos, que se ven obligadas a cumplir una pena que ningún juez les ha impuesto”, denuncian en el documento.

En lo que concierne a la Decisión Marco Europea sobre el cómputo de penas cumplidas en otros Estados -como Francia, en el caso de los presos vascos-, este grupo de juristas ha trasladado su preocupación por la actitud adoptada por los tribunales españoles.

Según ellos, la ley dictada en aplicación de esa Decisión Marco busca aplicarla restrictivamente, para lo que es necesario contrastar si es compatible con el Derecho europeo, consultando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo que los tribunales españoles se han negado a hacer.

De este modo, denuncian que muchos presos que ya han cumplido con sus penas en otros países tengan que seguir recluidos en prisiones españolas, cumpliéndolas íntegramente de nuevo, incluso si se trata de una condena de 20 años o más.

Además, tildaron de “poco humanitaria” la actitud de mantener en prisión a personas con enfermedades graves, y subrayaron que en estos casos se ignora la legalidad a sabiendas. “Hoy la realidad afea a la justicia, la desacredita”, sentenciaron. Además, reclamaron la derogación de la Ley Orgánica 7/2003, “la ley de excepción que se aplica a este colectivo de presos y que permite cadenas perpetuas encubiertas, en contra de los criterios de la propia Constitución Española”. - Efe/DNA