Bilbao - Un mensaje de Pili Zabala en la red social Twitter rescató ayer el momento cumbre de la reciente campaña. Se trata del incómodo silencio que mantuvo el entonces candidato del PP Alfonso Alonso en el televisivo debate electoral cuando la presidenta parlamentaria de Elkarrekin Podemos, hermana de un fallecido por la acción de los GAL, le cuestionó si la consideraba una víctima del terrorismo. El asunto resucitó debido al recurso presentado por el Gobierno popular en funciones la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales cometidos entre 1978 y 1999. “Hoy -por ayer- sabemos que vuestro partido ha recurrido la ley en la que se nos reconoce como víctimas. En el debate de ETB me dijiste que me ayudarías...”, escribió Zabala a Alonso para censurar el enésimo litigio abierto por Moncloa ante una legislación aprobada por el Parlamento Vasco en julio.

Zabala recordó a Alonso la invitación de este último a ayudarla. Fue un llamamiento realizado pocas horas después del debate en ETB-2, celebrado el 15 de septiembre, cuando el exministro de Sanidad del PP se vio abocado a poner voz a su silencio por las reacciones que generaron sus cinco segundos de titubeo frente a la mirada fija de la contrincante en la carrera a Ajuria Enea. Pero, sobre todo, tuvo que responder por su expreso reconocimiento de que Joxi Zabala no alcanzaría el estatus de víctima del terrorismo “tal y como está redactada” la actual legislación española, a pesar de reconocer la actuación “execrable y condenable” de los funcionarios del Estado en ese caso. “Tu hermano fue asesinado por el terrorismo del GAL. Ayer me impresionó tu dolor, que comparto. Tienes mi afecto y te ayudaré”, tuvo que señalar el 16 de septiembre en las redes sociales, cuando el momento televisivo había capitalizado el interés de la campaña e hizo subir enteros a la aspirante de Elkarrekin Podemos, que hasta entonces no había tenido ocasión de tener tanta proyección durante la contienda electoral.

El caso de Joxi Zabala, torturado y asesinado por los GAL junto a Josean Lasa en 1983, es uno de los entre 300 y 450 casos que estarían reconocidos tras la aplicación de la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política. No sería así si el Gobierno de Rajoy consigue paralizar una normativa que, aunque no estuvieran presentes en el Parlamento cuando se le dio luz verde, ha contado con el apoyo de Elkarrekin Podemos. Lo ha tenido también de Pili Zabala, que antes de fichar por la coalición electoral como cabeza de cartel fue una de las caras más reconocibles en los programas de la reconciliación entre las víctimas de la violencia en Euskadi.

Lejos de los ecos que la normativa de restauración para las víctimas de abusos policiales viene generando en la política, la directora del Instituto Gogora, Aintzane Ezenarro, avanzó ayer que el enésimo choque competencial entre los Ejecutivos de Madrid y Gasteiz está ya en manos de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco para dilucidar “que pasos se adoptarán” para salvar la normativa. Existen seis meses para esquivar al Tribunal Constitucional por la vía de la negociación en la Comisión Bilateral. Haberse adentrado supuestamente en las atribuciones de la Justicia, en el caso de la comisión de valoración que analizará los casos para certificar la condición de víctima, es el argumento principal esgrimido por el Gabinete de Rajoy para tratar de tumbar la ley vasca.