bilbao - El abogado Carlos Slepoy, que representa a varios de los querellantes en el caso contra los crímenes del franquismo que tramita la jueza argentina María Servini, aseguró ayer a DNA que no le había sorprendido la actuación de la Fiscalía General del Estado. “Es algo que los esperábamos”, afirmó, porque, a su entender, lo que se pretende es que la magistrada argentina no tome declaración a los 19 ex altos cargos franquistas encausados en este proceso, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina o el expolicía Antonio González Pacheco Billy el Niño. “Hacen todo lo posible por entorpecer la actuación de la jueza y por encubrir a quienes están acusados de crímenes de lesa humanidad. El PP quiere proteger a criminales franquistas”, aseguró.
Según Slepoy, que la Fiscalía General del Estado se ampare en la Ley de Amnistía y en que los hechos están prescritos no tiene ninguna validez jurídica. “Hay que decir que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y por encima de la Ley de Amnistía está el Derecho Internacional”, asegura. El abogado pone como ejemplo la Ley de Punto Final de Argentina, que no impidió investigar los crímenes cometidos por la dictadura militar y llevar al banquillo a los principales responsables de la represión. “No pueden ampararse en la Ley de Aministía”, insiste.
Con respecto al hecho de que la Fiscalía asegura que los hechos que se pretenden investigar competen a la justicia española y no a la argentina, Slepoy recuerda que fue España quien se acogió al principio de justicia universal -aunque luego fue reformada- para investigar los crímenes de la dictadura argentina y chilena.
Slepoy insiste en que lo único que intenta el Gobierno español es entorpecer el trabajo de la jueza Servini y evitar que tome declaración a los encausados. “Quieren favorecer a los criminales de lesa humanidad, pero deben tener claro que no van a parar el proceso. Por lo que respecta a los querellantes, si no se puede tomar declaración en los juzgados de aquí, se les tomará de alguna manera en Argentina”, opina.
Aunque sabe que es complicado, y el ejemplo está en lo sucedido ayer en Oviedo, el abogado espera que algunos jueces y fiscales desoigan la petición de la Fiscalía General del Estado. “Sé que es muy complicado que los fiscales se opongan a la instrucción de la Fiscalía General del Estado, pero pediría a los jueces que tengan en cuenta que lo que se juzga son crímenes de lesa humanidad y eso es algo que no prescribe”, asegura. El abogado hace, además, una valoración política del criterio de la Fiscalía General del Estado. “Es sintomático que ahora que el PP ve más cerca el hecho de volver a gobernar, es cuando la Fiscalía manda este escrito. Está claro que se trata de una actuación política del PP para proteger a los encausados”.
