madrid - Catalunya centró prácticamente la mitad los conflictos territoriales que se sustanciaron ante el Tribunal Constitucional a lo largo de 2015, un año en el cual descendieron en términos generales las controversias ante el alto tribunal español, según recoge la memoria anual de este órgano. El texto recuerda que en ese periodo se produjeron 39 recursos de inconstitucionalidad y conflictos positivos de competencia entre el Estado español y las comunidades autónomas.
De este total, casi la mitad, con un total de 18, estuvieron relacionados con Catalunya: 8 recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Estado; 7 recursos contra leyes de esta comunidad; y 3 conflictos positivos de competencia planteados por el gobierno entonces presidido por Artur Mas. La siguiente en conflictividad fue la CAV, con 6 controversias a lo largo de 2015.
En general, “la litigiosidad constitucional experimentó un leve descenso (6,46%); pese a ello, durante el año pasado ingresaron en el Constitucional un total de 7.369 asuntos, de los cuales 7.203 fueron de amparo”, dice la Memoria. El grueso del trabajo de los magistrados del TC se centra en resolver recursos de amparo, que representan el 97,7 % del total.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acordó ayer ampliar por un periodo de seis meses el plazo para investigar al expresident de la Generalitat Artur Mas por la consulta soberanista del 9-N, ante la complejidad de la instrucción.
En un auto, el instructor de la causa del 9-N en el alto tribunal catalán, Joan Manuel Abril, acepta la propuesta planteada por la Fiscalía para declarar compleja la investigación y acuerda ampliar la instrucción por dicho período de seis meses, aunque el ministerio público solicitaba que fuera por un año y medio.
El magistrado alega “razones sobrevenidas” para ampliar el plazo de investigación, porque el Tribunal Supremo ha acordado abrir una investigación por los mismos hechos al exconseller de Presidencia Francesc Homs, dada su condición de aforado al ser diputado en el Congreso. - Efe
