El juicio a Arraiz pende de la respuesta de fiscal y tribunal a su “paso unilateral”

La autoinculpación o reconocimiento de Arraiz ante el tribunal podría abrirle las puertas a una rebaja de la petición del fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, que ya ha avanzado que su postura en el caso dependerá de la actitud de la defensa. “La Fiscalía está sujeta al principio de legalidad y actuará en función de lo que haga el acusado”, señala. Esta posición podría beneficiar al dirigente de la izquierda abertzale, pese a que la negativa de Dignidad y Justicia (DyJ) -una de las dos acusaciones populares personadas en la causa junto con la AVT- impide un acuerdo entre las partes como el que el pasado mes de enero alcanzaron en la Audiencia Nacional los 35 acusados del sumario 04/08 por formar parte de la “clandestina” Mesa Nacional de Batasuna, detenidos en la redada de Segura en septiembre de 2007. En aquella ocasión, las dos asociaciones de víctimas y la Fiscalía se mostraron favorables a un acuerdo con los acusados, por el que se reducía sus penas de entre seis y diez años, a unas de entre uno y dos años. De este modo eludieron su ingreso en prisión, pero al precio de renunciar cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia y de reconocer su pertenencia a ETA.

Este pacto no ha podido ser trasladado a Arraiz, acusado en el mismo sumario pero que será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia vasco por su condición de aforado, al ser parlamentario en la Cámara de Gasteiz. El dirigente de Sortu pudo haber rechazado su aforamiento y haber sido juzgado junto con los 35 de Segura, pero optó por esta vía. La semana pasada aseguró que estaba dispuesto a “seguir la vía del pacto”, pese a la negativa de Dignidad y Justicia, cuyo presidente es Daniel Portero, hijo del fiscal-jefe de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en el 2000. Además Arraiz aseguró que su actitud ante la vista oral que hoy comienza será la de actuar “como si ese acuerdo existiera”. Según señaló en declaraciones a Onda Vasca, será un movimiento unilateral que hay que enmarcarlo en la nueva consigna de la izquierda abertzale que aboga por evitar el ingreso en prisión de personas de ese entorno. “A mí me corresponde apostar por esa vía, y aunque no haya acuerdo y no haya esa bilateralidad que hubo en la Audiencia Nacional, creo que es el momento de dar un pequeño paso unilateral que pueda servir también para que otros, más tarde, puedan dar pasos por esa vía, pasos que pueda haber, por qué no, en las celdas de las prisiones”.

Así pues, Arraiz renunciará a su defensa y reconocerá los hechos tal y como están expresados en la sentencia de la Audiencia Nacional. El parlamentario vasco estará defendido por el abogado Iñigo Iruin ante la Sala de lo Civil y Penal presidido por Juan Luis Ibarra -también presidente del TSJPV- y los magistrados Nekane Bolado y Roberto Saiz. Las imputaciones correrán a cargo del fiscal Calparsoro, que ha pedido seis años de cárcel, mientras las dos acusaciones populares elevan la pena a diez años. En sus manos queda la posibilidad de que Arraiz purgue en la cárcel por unos presuntos delitos por los que sus compañeros de partido y de mesa en la casa de cultura de Segura en septiembre de 2007 no van a hacerlo.

Inicialmente está previsto que el juicio se celebre durante cinco sesiones, aunque la declaración de Arraiz podría provocar que este se acortará, ya que las acusaciones populares podrían modular su posición en caso de que el parlamentario vasco se autoinculpara y renunciar a la práctica de la prueba. En todo caso la vista está planteada hasta el viernes. En la primera cita de hoy las partes expondrán las cuestiones previas y declarará el acusado. Mañana testificarán los históricos dirigentes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Joseba Permach y José Lui Elkoro. El miércoles y el jueves comparecerán varios agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por último las partes expondrán sus conclusiones el viernes, antes de que el juicio quede visto para sentencia.

“al servicio de eta” De momento, y a la espera de la declaración de Arraiz y la respuesta del fiscal y del tribunal, las imputaciones se mantienen y el Ministerio Público precisa en su escrito de acusación que el imputado era el responsable de Batasuna en Araba y, en su condición de miembro de la Mesa Nacional, actuó “complementando y de forma coordinada con la organización terrorista ETA, para conseguir la independencia de Euskal Herria mediante la utilización de la violencia”. Añade que tuvo “una participación activa y consciente, de actuar al servicio de las actividades y finalidades de ETA”.

Desde el ámbito de la política la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, espera que el TSJPV mantenga “coherencia” con la sentencia que dictó la Audiencia Nacional para las 35 personas procesadas por la misma causa. En una entrevista a la Cadena Ser, la dirigente socialista señaló ayer que le “sorprendería que hubiera una sentencia en sentido diferente”. Han pasado cinco años desde el final definitivo de la violencia y, a pesar de que ETA aún persiste, “creo que se debe aplicar la legislación de acuerdo a las bases que se plantearon en esa sentencia de hace unos meses”. PNV y EH Bildu unieron sus fuerzas la semana pasada para, a través de una declaración conjunta, mostrar su “apoyo y solidaridad” con Arraiz. Realizaron un llamamiento a la “reflexión” para que en Euskadi “los tiempos judiciales comiencen a acompañar a los tiempos políticos”.