Por si quedaba alguna duda, Gobierno Vasco y PNV confirmaron ayer que las elecciones autonómicas tendrán lugar cuando corresponde, en octubre. En los últimos meses se había especulado con que los comicios se adelantaran al 26 de junio para hacerlos coincidir con las elecciones generales, pero el gabinete del lehendakari Urkullu lleva días lanzando señales que apuntan en la dirección contraria: ha aprobado varios anteproyectos para que sean debatidos en el Parlamento, ha recalcado que queda trabajo por hacer, y todo parece indicar que completará su mandato. Ayer mismo, el propio lehendakari aseguró a ETB-2 que su gobierno sigue trabajando “a pleno rendimiento” y que “queda mucho por hacer”. “Que cada uno saque sus conclusiones”, zanjó. Como única reserva, espera que la incertidumbre en Madrid no condicione la actividad parlamentaria vasca. El portavoz de su Gobierno, Josu Erkoreka, fue más contundente aún al sentenciar que “en absoluto hay nada previsto” sobre un adelanto. “El lehendakari, desde luego, no ha contrastado ni compartido con el Consejo de Gobierno ninguna decisión al respecto. Por lo tanto, en principio, lo que el propio lehendakari ha anunciado recientemente de que su propósito es mantener la fecha de las elecciones autonómicas sigue prevaleciendo”, añadió.

La vocación de Urkullu es completar su mandato y avanzar cuantas leyes sea posible. Ha aprobado los anteproyectos de Ley de Policía, de la norma que busca el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999, y de la Ley de Patrimonio Cultural. Los tres se adentrarán ahora en el trámite parlamentario, aunque es muy complicado que puedan obtener el aval de los grupos antes de otoño. Sí hay una ley, la del tercer sector que aborda el trabajo de los voluntarios y las entidades sin ánimo de lucro, que está a un paso de aprobarse en pleno.

En cualquier caso, el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, también aspira a que se apruebe la ley de abusos policiales antes de que acabe la legislatura “si todo va bien”, porque lleva desde diciembre intercambiando opiniones con la oposición y ve mimbres para el acuerdo. En una entrevista en Euskadi Irratia, consideró que el proyecto tiene una relevancia máxima porque servirá para hacer justicia, echar una mirada crítica al pasado y reconocer a las víctimas que no gozan de ese amparo. Citó el ejemplo de los jóvenes Lasa y Zabala, torturados y asesinados por los GAL y que, “aunque algunos no lo sepan, no están reconocidos oficialmente como víctimas”.

Todo apunta a que el lehendakari no hará ningún movimiento y dejará pasar la fecha del próximo martes 3 de mayo, el día límite para publicar el decreto de convocatoria de las elecciones en caso de que quisiera un adelanto y que los comicios coincideran con las generales del 26 de junio. No existe ninguna dificultad objetiva que le impida completar el mandato, ya que tiene los Presupuestos aprobados, y su pacto con los socialistas en materias nucleares como el empleo y las políticas sociales le proporciona cierta estabilidad en la gestión del día a día. Otro cantar será que las elecciones generales y las negociaciones posteriores para conformar un gobierno en Madrid puedan tensionar las relaciones entre los partidos también en suelo vasco y frustrar la aprobación de nuevas leyes. Solo si la situación se tornara insostenible, el debate sobre el adelanto volvería a tomar vuelo.

Desde el PNV, Andoni Ortuzar reconoció en Radio Euskadi que la sensación de hartazgo ante la política española puede trasladarse a Euskadi, pero descartó que vaya entorpecer el final de la legislatura y el trabajo normalizado de las instituciones vascas. Además, prefiere diferenciar y no confundir las dos campañas.

Urkullu, por su parte, lanzó severos reproches a los partidos estatales por su “fracaso” en las negociaciones y por no haber impedido la repetición de las elecciones. El lehendakari les recriminó que no hayan sido capaces de “generar un escenario de estabilidad y confianza”. “Nos preocupa la incertidumbre que se está viviendo en España y que también afecta a Euskadi. Incertidumbre que en nada favorece la toma de decisiones institucionales, económicas, sociales y políticas”, lamentó.