GAsteiz - Las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han recurrido la Ley de Consultas presentada por EH Bildu en el Parlamento Vasco y aprobada para su tramitación con el apoyo del PNV al entender que existe una invasión de competencias.

Los tres territorios argumentan que la proposición de Ley para el Empoderamiento de la Ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, conocida como ley de consultas, infringe la delimitación competencial establecida en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Territorios Históricos. Aunque las Juntas Generales de Araba rechazaron el pasado lunes con los votos del PNV, EH Bildu y Podemos acudir a este órgano que dirime los conflictos de competencias entre las instituciones vascas, ayer el diputado general del territorio, Ramiro González, anunció que la entidad foral ha decidido llevar la cuestión a la Comisión Arbitral.

González explicó que el Consejo de Gobierno tomó la decisión tras haber recibido un dictamen de sus servicios jurídicos que establece “sin ningún género de dudas” que dicha proposición de ley supone una invasión de las competencias forales. Araba se sumó así a la Diputación de Gipuzkoa que el martes anunció su decisión de llevar el texto a ese órgano por los mismos motivos.

Por su parte, la Diputación de Bizkaia anunció ayer su decisión y explicó que la proposición de ley EH Bildu “se sitúa al margen o por encima” del orden competencial establecido en la normativa vasca. A su juicio, “no está al alcance del Parlamento Vasco establecer el régimen jurídico de las consultas ciudadanas más allá del ámbito de las competencias de las instituciones comunes”. Además, estima que la proposición de ley “contraviene competencias forales exclusivas, no tiene en cuenta a las Juntas Generales y equipara las competencias municipales y forales”. - DNA

Invasión de competencias. Las diputaciones consideran que la ley contraviene competencias forales y no tiene en cuentas a las Juntas Generales.

El parlamentario de EH Bildu acusó ayer al PNV de incurrir en contradicción al permitir en el Parlamento que se debate la ley y al mismo tiempo recurrir contra ella en las diputaciones.