gasteiz - PNV y EH Bildu hicieron valer ayer su mayoría en el Parlamento Vasco -suman dos terceras partes de los 75 escaños- para demandar que el incumplimiento de la transferencia vinculada a la gestión del régimen económico llegue, después de cuatro décadas, a su fin. La solución pasa, según el acuerdo redactado entre ambas fuerzas, por que Euskadi asuma una Seguridad Social propia que garantice una “vida digna” a los pensionistas vascos.

Paradójicamente, la reacción que aunó los sufragios de los grupos nacionalistas fue consecuencia de una iniciativa presentada por el PP con la que los conservadores pretendían escenificar la conclusión del inmovilismo que históricamente y de forma inquebrantable ha rodeado esta cuestión tanto en los gobiernos españoles liderados por la formación popular como cuando ha sido el PSOE el encargado de asumir las riendas de La Moncloa.

El pacto que salió adelante exclusivamente con los votos de PNV y EH Bildu insta al Gobierno de España a que, en cumplimiento de las previsiones establecidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, establezca los convenios necesarios para que Euskadi asuma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, lo que implicaría, según el citado pacto, que se le otorgue al Gobierno Vasco “el reconocimiento del derecho y la capacidad de recaudación de las cuotas de Seguridad Social y el pago de las prestaciones, la capacidad de decidir las altas y bajas en el sistema tanto de empresarios como de trabajadores”, entre otros aspectos.

Jeltzales y soberanistas aclaran en su enmienda transaccional que la petición es consecuencia de un contexto en el que la Administración estatal ha hecho gala, a través de su legislación, de una “lectura estrecha, cicatera y recentralizadora” que se ha visto abonada por las sentencias del Tribunal Constitucional cada vez que tocaba dirimir sobre esta materia en estancias judiciales.

Esta reclamación se enmarca en el documento que el PNV presentó en la Asamblea General que la formación jeltzale celebró el mes pasado en Iruñea y que se ha convertido en una de las principales demandas de la formación jeltzale ante la búsqueda de un nuevo estatus que permita apuntalar el autogobierno de las instituciones vascas respecto a Madrid.

Frente al atril, la portavoz del PNV Josune Gorospe denunció la “demagogia” del PP por llevar a la Cámara una iniciativa relacionada con la gestión económica que responde al deseo de mantener vivo “el último bastión que le queda al Estado en Euskadi”. Por parte de EH Bildu, Eva Blanco recordó la importancia de poner remedio a una realidad en la que seis de cada diez pensionistas vascos cobran menos de 700 euros al final de cada mes, lo que evidencia, en su opinión, “la inviabilidad del sistema español de pensiones”.

Por su parte, la socialista Gloria Sánchez situó la posición de su partido entre un PP “paladín del sistema público común tras el tajazo a las pensiones” y un PNV cuyo objetivo es tener un “sistema particular”. El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, apostó abiertamente por mantener el modelo actual para garantizar las pensiones.