madrid - La resolución independentista ha tenido efectos analgésicos en las relaciones entre los partidos del unionismo español. Tal es así que ha puesto fin a largos meses de incomunicación entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y es que, según fuentes socialistas, el secretario general del PSOE telefoneó al presidente español nada más conocerse el plan de Junts pel Sí y la CUP. Ambos acordaron una vía directa de comunicación que, para el líder del socialismo, se traduce en una propuesta clara: “ley, diálogo y política”. Precisamente hoy está previsto que Sánchez presente en Madrid su oferta de reforma de la Constitución, que Rajoy no incluirá en su programa, y en la que aboga por una España federal “frente a la amenaza del separatismo en Catalunya”. “Ante el antidemocrático pulso de los secesionistas, me dirijo a la mayoría de catalanes y al conjunto de españoles para decirles que tenemos que confiar en las fortalezas de nuestro país. Estoy convencido de que al secesionismo le vamos a ganar con la fuerza de la ley, de los votos y de la política, con los argumentos de la convivencia y del diálogo. La crisis en Catalunya, con la ley, con los votos y con la política, tiene solución”, argumentó el socialista desde Portugalete.

La conexión telefónica a tres bandas, que incluyó a Albert Rivera, se saldó con una coincidencia “en los principios generales”, la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional. El líder de Ciudadanos reclamó al presidente español que le mantenga informado sobre Catalunya como máximo dirigente de un partido nacional y principal fuerza de la oposición en esa comunidad. Antes había escrito en Twitter que “la declaración separatista es un desafío a la democracia y a la convivencia”, compartiendo el recurso ante el Constitucional. Curiosamente, no menos directo fue el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, tachando la propuesta como una “trampa” que “pretende ocultar la corrupción que rodea a CDC, taparle las vergüenzas a Artur Mas y dar coartada a la CUP”. Desde Euskadi, el Gobierno Vasco pidió respeto a las decisiones que puedan adoptar las instituciones catalanas. - I.Santamaría