barcelona - El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se reunió ayer con un grupo de empresarios catalanes a los que trasladó las ventajas que conlleva la independencia de Catalunya, y a los que pidió que ayuden a su candidatura a conseguir una amplia mayoría en las elecciones del 27-S porque, advirtió en alusión al Estado,“ el 27 nos la jugamos y, si no sale bien, nos pasarán por encima sin contemplaciones”.
En el acto de campaña Empresaris pel sí ante unas 300 personas en Barcelona, Mas aseguró que el voto de cada empresario vale “lo mismo” sea cual sea el volumen de sus empresas, y negó que la mayoría del empresariado rechace el derecho a decidir. El presidente de la Generalitat defendió que, si gana Junts pel Sí, el Parlament tendrá las competencias de un Estado y las pondrá al servicio de la economía, pero si ganan otros, todas sus iniciativas toparán con un Estado, en alusión a España, que tiene una “visión burocrática”. “Nos la jugamos mucho y por muchos años”, insistió.
Mas enumeró ante los empresarios las ventajas que tendría un Estado catalán: una agencia tributaria propia y la capacidad de la Generalitat para decidir sobre impuestos; una ley comercial que dependa solo del Parlament; unas mejores infraestructuras para Catalunya y, en definitiva, más herramientas para ser un Govern business friendly.
En el acto también tomó parte el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y número 7 de la candidatura, Oriol Amat, que insistió en que hay un agravio fiscal por el que Catalunya aporta un 19% de los impuestos al Estado y del que solo recibe luego un 10% en gasto e infraestructuras.
Amat aseguró que Catalunya es productora neta de electricidad y que, por tanto, en caso de independencia la factura eléctrica sería “un 30% más barata”, y también garantizó un rating -calificación de la deuda- A+, muy por encima del actual. De la misma manera, minimizó los efectos de un posible boicot a los productos catalanes en caso de independencia y aseguró que esta amenaza siempre ha existido, porque, cuando tenía siete años y viajando por Castilla, ya vio un pintada que decía: No compréis productos catalanes.
Entre los empresarios que tomaron la palabra para defender el derecho a decidir se encontraban Gabril Jené (La Mallorquina) y Lali Morera, y estaban entre el público los consellers Andreu Mas-Colell, Felip Puig y Meritxell Borràs, el exconseller Josep Huguet, y el empresario y excandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito.
Visión de Rajoy En contraposición a las palabras de Artur Mas, el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy aseguró ayer que el PP dedicará lo que queda de campaña hasta el 27-S en explicar a los ciudadanos catalanes las consecuencias que implicaría la independencia, entre ellas la pérdida de derechos, subvenciones o ayudas.
Rajoy, que compareció ante la prensa tras la reunión del Grupo Popular del Congreso, aseguró que quienes están promoviendo el proceso soberanista no han explicado a los ciudadanos las consecuencias de la independencia de Catalunya. “Vamos a explicar a la gente cómo esto supone abandonar Europa; vamos a explicar lo que supone de pérdida de los derechos que tienen como europeos y como españoles; y vamos a explicar cómo con la PAC, las ayudas y subvenciones a agricultores quedarían en una situación distinta a la que están en este momento”, avisó. El jefe del Ejecutivo español señaló, además, que en estos días de campaña antes del 27 de septiembre los cargos del PP contarán a los catalanes que “perder todo el acervo cultural” que tienen como españoles y europeos “supondría una pérdida de progreso, bienestar y riqueza”. Así, recalcó que cuando “se hace un planteamiento tan duro” como la independencia “conviene decirle a la gente la verdad” para que “todo el mundo pueda opinar” ante el próximo 27 de septiembre “con el mayor conocimiento de causa”.
Dictamen del TC En este contexto de campaña electoral, el Constitucional dejó ayer en suspenso de forma cautelar el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, por el que se crea la Agencia Tributaria de Catalunya. El precepto fue recurrido por el Gobierno español al entender que vulnera el derecho que los ciudadanos de todo el Estado español tienen a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, primando a los que ya cuentan con destino en Catalunya.
La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, lamentó la decisión del TC porque, a su juicio, “la respuesta del Gobierno central siempre es la suspensión, la negativa, el impedimento cada vez que el Govern toma una decisión”. - E. Press
