GASTEIZ. La sentencia del alto tribunal, a la que hoy ha tenido acceso Efe, estima en parte el recurso de casación que presentó ErNE contra la resolución dictada hace un año por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

En ella se señalaba que el Ejecutivo de Gasteiz no está obligado a tramitar el sistema de carrera profesional de la Policía vasca pactado en 2011 por el entonces consejero de Interior, el socialista Rodolfo Ares, con los sindicatos ErNE y ESAN en la anterior legislatura.

ErNE recurrió esta decisión para exigir que el Gobierno vasco tramite y apruebe el desarrollo de la carrera profesional en la Policía autonómica.

Según los cálculos realizados en 2011, el desarrollo de la carrera profesional de los ertzainas supondría un gasto de 50 millones de euros a lo largo de cuatro años por los complementos que percibirían los agentes al ir ascendiendo.

Una vez renovado el Ejecutivo vasco, la nueva consejera de Seguridad del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, dictó una orden en febrero de 2014 en la que desestimaba trasladar al Consejo de Gobierno aquel acuerdo de los socialistas con ErNE y ESAN.

El Tribunal Supremo considera ahora que tanto la "inactividad" del departamento de Seguridad sobre este asunto como su decisión de no trasladar esta cuestión al Consejo de Gobierno para ser debatida son "contrarias a la libertad sindical" en lo referente a la negociación colectiva, por lo que anula la orden de la consejera.

Por ello, reconoce el derecho de ErNE a que se eleve este asunto a la reunión semanal del Ejecutivo vasco, de forma que se analice el acuerdo alcanzado en 2011, aunque eso no significa que se deba aceptar ni aprobar, sino que simplemente debe deliberar y resolver lo que considere oportuno.

El acuerdo alcanzado en 2011 incluía la regulación de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza, las indemnizaciones, la segunda actividad y el desarrollo profesional.

De este modo, la Sección Séptima del Supremo acepta los planteamientos del sindicato policial y ordena al Ejecutivo vasco que adopte una decisión sobre asunto.