madrid - La Guardia Civil registró ayer las sedes en Madrid y Sevilla del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), una fundación de UGT, en busca de documentación relacionada con el caso de las facturas falsas del sindicato. La fundación, según su página web, ha impartido desde su creación más de 110.000 cursos de los que se han beneficiado un total de 1,6 millones de alumnos.
El caso lo instruye el titular del juzgado número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, y en el mismo están imputados los ex secretarios generales de UGT-Andalucía Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, a los que la Fiscalía Anticorrupción acusó de “financiación ilegal del sindicato” a través de los fondos de formación.
Además, este no es el único encontronazo de Fernández Sevilla con las Justicia, también está imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por la ayuda a la multinacional del tabaco Altadis, hechos por los que el Ministerio Público le ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros.
El pasado 6 de febrero se conoció que la Guardia Civil entregó un atestado al juez en el que se concluyó que se había evidenciado que distintos proveedores efectuaron pagos a UGT-A en concepto de “rápel/comisión/descuento” por valor de 1,98 millones.
En el atestado se detallaba que “en la práctica totalidad de los casos” el rápel era algo que se imponía “por contrato” por parte del sindicato a sus proveedores, con particularidades en función de parámetros como el volumen de facturación, y por ello existen diferencias en las cantidades.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, destacó ayer tras conocer los nuevos hechos que tiene “una tranquilidad absoluta” porque la documentación del IFES es “transparente” y “cumple estrictamente todos los requisitos de legalidad” y de ejecución de los cursos de formación. - E.P.
