BILBAO. El juicio se celebró en la Audiencia vizcaina el pasado 9 de junio contra Niko Moreno --en la actualidad responsable institucional de Sortu en Bizkaia--, Rita Ugarriza y Josu Herrero --en la actualidad coordinador de la formación de la izquierda abertzale en Elorrio-, que también han sido absueltos.
El ministerio público solicitó cuatro años de prisión para Ugarriza y Herrero, al considerar que fueron los autores de los delitos cometidos contra la edil socialista.
Los hechos por los que se les enjuiciaban se remontaban al 11 de marzo de 2010, cuando se celebró un pleno en el municipio, en el que se profirieron "insultos" y "amenazas" contra la concejal del PSE-EE Mari Carmen Muñoz.
El abogado, Juan Carlos Soto, que ejercía la acusación particular, no formuló acusación contra Niko Moreno, aunque sí pidió cuatro años de cárcel para cada uno de los otros dos acusados, que, a su juicio, habían incurrido, además de los insultos y amenazas, en un delito de atentado contra la autoridad al haber "intimidado a un cargo público en el ejercicio de sus funciones".
Durante el juicio, el exalcalde del municipio negó que hubiera sido "cómplice" de las "amenazas e insultos" que se profirieron en aquella sesión plenaria.
En la vista oral se presentó una grabación del pleno en la que, supuestamente, se observaba a Josu Herrero llamar "asesina" a Muñoz, mientras Rita Ugarriza le decía: 'Ten cuidado a ver si nos vamos a ver fuera". Sus abogados alegaron que ejercieron su "libertad de expresión".
"PLENO TORMENTOSO"
Para el abogado de la edil socialista, había quedado acreditado que el pleno en el que sucedieron los hechos fue "tormentoso", y en él "toda la gente se interrumpía y llamaba de todo a Mari Carmen Muñoz".
La noche anterior a la celebración de la sesión plenaria aparecieron pintadas con dianas contra la edil del PSE-EE, en las que se le acusaba de ser responsable de la muerte del expreso de ETA Jon Anza Ortúñez, cuyo cadáver fue localizado horas antes en una morgue de Toulouse.
Su letrado recordó que la concejal ya estaba en tratamiento médico por la amenaza terrorista existente, y a raíz de los insultos, "su situación empeoró". La concejal fue una de las últimas a la que se le retiró la escolta.