GASTEIZ - El Parlamento Vasco, sin posicionamientos contrarios, “invitó” ayer al Gobierno español a sumarse a las políticas de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos no reconocidas, como es el caso de las víctimas de abuso policial del periodo 1960-1978, “desde el consenso social, político e institucional, a favor del reconocimiento a todas las víctimas”. Este es uno de los acuerdos adoptados por la Cámara de Gasteiz que, por primera sin ningún voto en contra y una única abstención, la de UPyD, solicitó también al Ejecutivo vasco que la futura ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales busque desde el inicio, “el máximo consenso social, político e institucional”.

Fue EH Bildu quien llevó el debate a la Cámara de Gasteiz con la intención de que el Legislativo vasco denunciara la postura obstruccionista del Gobierno español toda vez que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y, a raíz del recurso presentado por la Abogacía del Estado, anulara varios artículos del decreto emitido en octubre de 2013 de “declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política” vivida en Euskadi.

Tras aquella sentencia del máximo organismo judicial de la Comunidad Autónoma Vasca, el secretario vasco de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, desveló que el Ejecutivo vasco prepara una ley, que se prevé que esté finalizada el próximo otoño, con el fin de dar una “mayor seguridad jurídica” a las víctimas de abusos policiales.

Ayer, y con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo UPyD, que se abstuvo, la Cámara instó al Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu a “continuar desarrollando las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial que se vienen impulsando desde la legislatura anterior”.

Además, y este caso solo con la abstención de EH Bildu, la Cámara reiteró que “ninguna causa política puede situarse por encima de los derechos humanos”, y que “a convivencia futura requiere el reconocimiento de la injusticia de la violencia y del daño causado, así como el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación”. - DNA