Gasteiz - Antiguos escoltas que trabajaban en Euskadi reclamaron ayer que la protección a mujeres maltratadas mediante guardaespaldas que ya existe en la Comunidad Autónoma Vasca se extienda al conjunto del Estado español, de manera que se convierta en una salida laboral para este colectivo. La asociación Las sombras olvidadas de Euskadi y Navarra, que agrupa a un centenar de antiguos escoltas, se concentró frente a las sedes del PP en Bilbao y Gasteiz para pedir su recolocación, ya sea protegiendo a las víctimas de la violencia machista o vigilando centros penitenciarios.

El presidente de la asociación, Manuel Jiménez, explicó que cuando ETA anunció el cese de su actividad en 2011 hubo responsables políticos, entre los que citó al actual delegado del Gobierno español en Euskadi, Carlos Urquijo (PP), que “prometieron” a los escoltas recolocarlos en centros penitenciarios. De hecho, el servicio de vigilancia en las cárceles se privatizó, pero solo 51 de las cerca de 800 personas que desempeñan estas funciones son antiguos escoltas, según denunció Jiménez, que pidió al Ejecutivo del PP que en la “segunda privatización” del servicio que está preparando se tenga en cuenta a este colectivo.

El presidente de la asociación consideró además que la protección a las mujeres maltratadas es también una salida laboral para los escoltas que se encargaron de la seguridad de gobernantes, políticos y jueces, entre otros, mientras ETA estuvo activa. Para ello, este colectivo propone que la protección a estas mujeres con escoltas se implante en el conjunto del Estado. Con este objetivo tiene previsto entregar 6.000 firmas para reclamar una ley que así lo establezca.

Actualmente en Euskadi la Ertzain-tza asume, entre otras funciones, las tareas de vigilancia y contravigilancia de las mujeres maltratadas, mientras que una empresa privada se encarga de velar por la seguridad de aquellas que necesitan protección durante las 24 horas, según explicaron fuentes del Departamento de Seguridad.

Jiménez recordó que el terrorismo etarra propició la contratación de hasta 3.500 escoltas y lamentó que hoy en día apenas 300 cuentan con un empleo, mientras que el resto “tienen problemas para pagar la hipoteca e incluso se ven obligados a pedir comida a Cáritas”. Las movilizaciones que están llevando a cabo han motivado, según su presidente, que el Ministerio del Interior les haya citado hoy a una reunión para abordar su situación. - Efe