madrid - Desde Madrid ya se han puesto ojo avizor sobre los pasos que el soberanismo catalán vaya tejiendo a sabiendas de que solamente podrían actuar contra hechos concretos y no contra las palabras que puedan expresar los diferentes actores en el proceso. El pacto suscrito entre CiU, ERC y las distintas entidades de la sociedad civil ha propiciado que la Abogacía del Estado permanezca “vigilante y atenta” después de que Mariano Rajoy advirtiera de que la hoja de ruta de quienes son proclives a la secesión no deja de ser “una más” respecto a las precedentes aunque, eso sí, “negativa”, porque fractura, “rompe lazos” y persigue una ruptura de la “soberanía nacional” que, a su entender, ningún Gobierno español, sea del color que sea, permitirá.

El consenso alcanzado pretende declarar la independencia de Catalunya solo 18 meses después de las elecciones del próximo 27 de septiembre, si bien la estrategia responde, a día de hoy, a una mera declaración de intenciones y no a una convocatoria tangible. “Pero eso no quiere decir que [la Abogacía del Estado] no siga atenta de forma permanente a las acciones ilegales que se puedan producir y posibles acontecimientos futuros”, subrayan fuentes gubernamentales, es decir, idéntica línea a la plasmada desde que el Ejecutivo del PP le encargara actuar tras la aprobación de la Ley de Consultas catalana y la convocatoria por parte del president Artur Mas del proceso participativo del pasado 9 de noviembre. Entre esos procedimientos se encuentran los correspondientes recursos que se presentaron contra esas iniciativas ante el Tribunal Constitucional.

La presión desde las filas populares llegó ayer por boca de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, quien propuso a Unió, PSC y Ciutadans un gobierno de “concentración y colaboración” tras el 27-S. “Es más necesario que nunca”, proclamó en una entrevista a la agencia Efe, donde instó al líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, a abandonar el Govern y a separarse de Convergència si “no es capaz de frenar” a Mas en su proyecto independentista, intuyendo que, de no lograrlo, su partido puede acabar desapareciendo. “Es una responsabilidad histórica que los constitucionalistas dejemos de pensar en nuestras siglas y pensemos en los catalanes, en la unidad y en la convivencia”, valoró la dirigente del PP, abierta a apoyar a otras fuerzas no soberanistas que amasaran más votos en las elecciones al Parlament. “Lo más importante ahora es defender la unidad de España y la convivencia”, zanjó. Según su visión, la nueva entente independentista es un “brindis al sol” que, además, carece de cualquier validez jurídica, segura como está de que Rajoy velará por el cumplimiento de la ley y la Constitución, y de que el proyecto secesionista de Mas y Junqueras se halla en “vía muerta” y en una situación de “agonía”.

Sus palabras encontraron pronto réplica en Unió, donde el presidente del Consejo Nacional de UDC, Josep Maria Pelegrí, y a la postre conseller de Agricultura, reclamó “respeto” al acuerdo de las formaciones soberanistas, y remarcando que los democristianos “queremos tener nuestra decisión propia y no condicionada por declaraciones o presiones”. “Unió hará lo que tenga que hacer cuando tenga que hacerlo, no porque otros tengan prisa, quieran imponer determinado modelo o puedan tener determinados intereses”, aseguró, recordando que la posición de uno de los socios de la federación nacionalista será concretada por parte de la militancia el próximo 14 de junio.

empuje desde los municipios En este contexto, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) presentó ayer en Girona la Declaración Municipalista de Cervera, que pide a los alcaldes que tomen posesión después del 24 de mayo que prioricen las alianzas de gobierno con partidos “inequívocamente” soberanistas y que queden a disposición del nuevo Parlament tras el 27-S para “proclamar el Estado catalán, libre y soberano”. La entidad, que agrupa en estos momentos a 710 localidades de las más de 900 que componen Catalunya, solicita igualmente “lealtad” al president Mas. El jefe del Govern y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se están afanando en considerar las municipales del 24-M como la “primera vuelta” de las plebiscitarias, de ahí el esfuerzo de la AMI para convencer al electorado de que el proyecto independentista pasa precisamente por el poderío municipal.