gasteiz - Después de la tormentosa sesión que vivió el jueves el Parlamento Vasco, ayer llegó la calma a un Pleno de control en el que los escaños vacíos recordaban la ausencia obligada de los 21 parlamentarios de EH Bildu, una medida adoptada por la presidenta del Legislativo, Bakartxo Tejeria, después de que la bancada abertzale se negara de forma repetida a retirar los carteles críticos con el PP y las detenciones enmarcadas en la denominada Operación Pastor.

Ante este inédito escenario, el lehendakari afrontó un menguado orden del día tras la lógica retirada de las interpelaciones a cargo de la coalición abertzale en el que, entre otros asuntos, UPyD y PP compartieron interés sobre el denominado caso De Miguel. Iñigo Urkullu defendió desde el atril que este episodio pendiente de la apertura de juicio oral y en el que están imputadas 26 personas, la gran mayoría excargos jeltzales o que guardaban algún tipo de relación con este partido en el momento de los hechos, no encierra “una trama de financiación ilegal del PNV”.

El lehendakari, quien ocupaba la presidencia del EBB cuando tuvieron lugar los hechos que serán juzgados, volvió a elogiar en sede parlamentaria el comportamiento que tuvo su formación hace ahora cinco años, una actuación “inmediata, contundente, clara y ejemplar”, en opinión del jefe del Ejecutivo autonómico.

En su intervención, recordó la “contundente y clara” actuación del entonces diputado general y hoy presidente del ABB y parlamentario -aunque ausente ayer del Pleno-, Xabier Agirre, quien con su mensaje basado en la “tolerancia cero” dibujó un explícito cerco entre el Gobierno foral y las sospechas de corrupción. Al igual que hizo ayer el lehendakari, Agirre también defendió entonces la presunción de inocencia de los imputados, aunque los cargos públicos implicados en la trama fueron destituidos y entregaron su carné de afiliados.

Urkullu insistió en que el Gobierno Vasco es el primer interesado en que se dicte una sentencia que aclare lo acontecido, un interés que llevará al Ejecutivo a personarse, como ya lo hizo en la fase de instrucción, en la vista oral en calidad de acusación particular. Hasta que llegue ese momento, el lehendakari mostró su rechazo al “uso mediático” de este asunto y a la “judicialización de la justicia” que constata en torno a este caso.

Tras las explicaciones del lehendakari, el portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Justicia, Josu Erkoreka, también hizo alusión al caso De Miguel a instancias del PP y anunció que el Departamento de Hacienda trabaja actualmente en la elaboración de un nuevo reglamento para modificar algunos de los aspectos “orgánicos” de la contratación pública, una forma de blindar estas actuaciones contra cualquier posible irregularidad futura.

sin rastro de eh bildu Ningún miembro de EH Bildu escuchó en el Pleno las argumentaciones del lehendakari y el consejero, pese a que cinco de ellos, entre los que figura el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, sí estaban capacitados para asistir a la sesión. El grupo parlamentario al completo decidió acatar la sanción impuesta por Bakartxo Tejería y llevaron este cumplimiento a tal extremo que en la jornada de ayer ni siquiera acudieron a sus despachos de la sede de Becerro de Bengoa, que solo estuvieron poblados por los responsables de comunicación del grupo.

A partir de ahora, y una vez cumplidos los dos plenos de sanción por parte de la bancada soberanista, la Mesa de la Cámara vasca determinará en su encuentro semanal del martes si el castigo finaliza aquí o si abre la puerta a la tramitación de la demanda del PP, en la que la formación liderada por Arantza Quiroga solicita que el castigo a EH Bildu se prolongue durante un mes.