madrid - El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ofrecido a Hacienda la posibilidad de personarse en la causa que investiga la contabilidad B del PP por los pagos en negro de 1,7 millones de euros que se habrían producido por las obras de reforma de la sede estatal del partido en Génova. En una providencia notificada ayer, Ruz ofrece al organismo tributario que se persone en la causa como perjudicado y realice las acciones que legalmente le corresponden a través de la Abogacía del Estado, que forma parte del organigrama del Ministerio de Justicia.

El magistrado adoptó esta decisión tras recibir un informe en el que se cuantifican los trabajos que el estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales realizó en la sede y constatar que una parte de los pagos que recibió podrían ser constitutivos de “uno o más delitos contra la Hacienda Pública”.

Ruz pidió un informe sobre las cuotas defraudadas por Unifica el pasado noviembre tras dictar un auto en el que revelaba que el PP pagó otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, que se suman a los descuadres de 960.347,2 euros que fueron descubiertos en junio de 2014. En total, se habrían pagado en negro 1,7 millones de euros.

A partir de un informe anterior de la Agencia Tributaria, el magistrado señalaba que las obras de reforma de la planta baja -se llevaron a cabo en 2006, por lo que el delito fiscal podría haber prescrito- presentan un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica “con fondos ajenos al circuito económico legal”. Según el auto, solo una parte de estos fondos, 184.000 euros, “habrían tenido reflejo” en la contabilidad B que gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, mientras que el resto, 566.095,04 euros, no aparecía en sus manuscritos. Además de los asientos consignados por Bárcenas, “otra parte”, según el juez de la Audiencia Nacional, “habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar”, tras lo que se pudo aplicar “un descuento”.

Señalaba que el hecho de que la facturación se extienda a lo largo de varios periodos impositivos hace que “en el momento actual” no resulte posible “cuantificar con carácter definitivo las cuotas tributarias en el Impuesto sobre Sociedades y en el IVA”. Por todo ello, los hechos investigados podrían ser constitutivos de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable.

Corrupción en el PP En este contexto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitió ayer que el PP “ha tenido un problema y sigue teniendo un gran problema en su interior con la corrupción”, pero añadió que “está reaccionando y aislándolo”. El ministro se expresó así en una entrevista en TVE en la que afirmó que la corrupción, el “abuso” de la política por parte de algunas personas, “hace daño a todo el mundo, no solo al PP”.

Preguntado por si al hablar de una caja B se refería a Podemos, señaló que se refería “a los del PP también”, y en general “a tanta gente que entiende el estar en la vida pública para no pagar impuestos”. “Lo mínimo que se puede exigir es que paguemos impuestos”, afirmó. - Europa Press