Objetivo principal. El grupo de abogados que asiste al EPPK se ha convertido en uno de los principales objetivos de la Justicia y las fuerzas policiales españolas. La de ayer es la tercera operación contra el mismo en cinco años.
Abril de 2010. Los cuatro abogados detenidos en una operación ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska fueron Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi y Naia Zuriarrain. También fueron arrestados Saioa Agirre, Erramun Landa, José Luis Gallastegi, Txomin Aizpurua, Juan Mari Jauregi y Asier Etxabe.
Nueva detención. Dos días después fue arrestado en Baiona David Pla, que quedó en libertad a los pocos días. Las FSE lo sitúan hoy en la cúpula de ETA.
Enero de 2014. Poco antes de la tradicional manifestación en Bilbao a favor de los presos, y con varios históricos reos excarcelados tras el fallo de la ‘doctrina Parot’, hubo una nueva operación, dirigida por Eloy Velasco. Entre otros contra Zulueta, que había sido puesta en libertad en diciembre de 2010.
Ocho arrestados. Además de Zulueta, de cuyo despacho de abogados la Guardia Civil se llevó 30 cajas de información, fueron arrestados Jon Enparantza, Aitziber Sagarminaga, Asier Aranguren, Egoitz López de la Calle, Aintzane Orkolaga, Jose Migel Almandoz y José Luis Campos.
Doce abogados. La Guardia Civil, en una operación coordinada por el juez Eloy Velasco, detuvo ayer a Amaia Izko, Ainhoa Baglietto, Arantza Aparicio, Onintza Ostolaza, Jaione Karrera, Atxarte Salvador, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi, Kepa Mancisidor Aiert Larrarte y Ane Ituño. Junto a ellos, arrestó a cuatro tesoreros de Herrira: Javier Balda, Jon Mintegiaga, Javier Carballido y Nagore San Martin.
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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cifró en más de un centenar los detenidos “con distinto grado de vinculación con ETA” desde que la organización anunció el cese de su actividad.
donostia - Cuando siete años después de la macrooperación de Segura más de una treintena de acusados de la izquierda abertzale (Batasuna, EHAK y ANV) estaban a punto de sentarse ayer en el banquillo, una nueva macrorredada de la Guardia Civil, en este caso contra 12 abogados y 4 miembros de la suspendida Herrira, provocó el aplazamiento del juicio sine die.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la operación policial -denominada Mate- para completar otra similar de hace justo un año (operación Jaque). La redada de ayer supuso la detención, entre otros, de letrados como Alfonso Zenon, Ainhoa Baglietto, Kepa Manzisidor, Aiert Larrarte y la portavoz de Sortu Amaia Izko, letrada del sumario 04/08 junto a las también arrestadas Eukene Jauregi y Haizea Ziluaga. Está previsto que a lo largo del día de hoy declaren ante los agentes de la Guardia Civil y que hagan lo propio ante Velasco mañana, tras haberles sido aplicado el régimen de comunicación, según señaló Naiz.
Según informó Interior, los abogados forman “parte presuntamente del frente de cárceles de ETA”. De esta manera, el Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz considera que la operación policial que se desarrolló en Donostia, Hernani, Zarautz, Oiar-tzun, Ibarra (con cinco arrestados), Bilbao, Barakaldo (otros cinco en Bizkaia), Iruñea, Arbizu, Zizur (uno) y Torrejón de Ardoz (Madrid) “supone la práctica desaparición de la estructura utilizada por ETA para mantener la voluntad de los presos bajo las directrices de la banda”.
Interior aseguró que “el colectivo de abogados es un elemento fundamental para la transmisión de información entre ETA y sus militantes en prisión, un baluarte para garantizar la cohesión y el mantenimiento de la disciplina interna del EPPK”, en referencia al autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos, en sus siglas en euskera.“Una parte de los detenidos ejercían el control sobre los presos de ETA”, aseguró Interior en su comunicado, “trasladando las directrices de la banda y anteponiendo los intereses políticos y estratégicos de la organización terrorista a la defensa jurídica y los intereses personales de los reclusos”.
Presuntos delitos fiscales Los arrestados en la macrorredada de ayer, apenas 48 horas después de la multitudinaria manifestación de Bilbao en contra de la dispersión, también están imputados de un delito de blanqueo y otro “contra la Hacienda Pública al no haber declarado al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA (EPPK)”.
Unos gastos que, según Interior, “fueron sufragados por Herrira”, cuyas actividades fueron suspendidas en septiembre de 2013 como consecuencia de una operación ordenada por Eloy Velasco. La nota enviada por el Ministerio a los medios asegura que “4 de los 16 detenidos son miembros de Herrira que ejercían labores de tesorería dentro de esta organización que tiene suspendidas sus actividades por decisión judicial”. Según Interior, Javier Balda, Jon Mintegiaga, Javier Carballido y Nagore San Martin “gestionaban los mismos recursos económicos que las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna y que financiaban a otras estructuras del frente de cárceles”.
La operación, que dio comienzo en torno a las 7.00 horas, se completó con registros de domicilios y oficinas que se habrían utilizado “para el desarrollo de las actividades ilícitas que realizaron entre los años 2012 y 2013”, entre las que se encuentra la del sindicato LAB en Bilbao. También hubo registros en otras sedes del sindicato y herrikos en Gernika, Durango o Leioa.
Antes de que acabara el registro del local, su secretaria general, Ainhoa Etxaide, supuso que la Guardia Civil había acudido “para llevarse el dinero” que los asistentes a la marcha del sábado habían donado “para hacer frente a los gastos de la dispersión” y que guardaba LAB “hasta que hoy lunes se abrieran los bancos”. Fuentes de la investigación dieron la cifra provisional de 90.000 euros encontrados en la sede y en una herriko taberna, un dinero cuyadevolución reclamó Sare, impulsora de la marcha del sábado.
Juicios suspendidos Como primera consecuencia de la operación, la vista oral del macrosumario 04/08 que debía arrancar ayer en San Fernando de Henares, con encausados como los dirigentes de Sortu Pernando Barrena, Marije Fullaondo y Juan Jose Petrikorena, las exparlamentarias Nekane Erauskin y Karmele Berasategi; los presidentes de ANV, Kepa Bereziartua; y PCTV, Juan Carlos Ramos y la exalcaldesa de Arrasate Ino Galparsoro, quedó aplazado sin fecha.
Casi 20 de los 35 acusados se negaron a renunciar a la defensa que debían dirigir Amaia Izko -que fue abogada de Inés del Río (a quien el Tribunal de Estrasburgo atendió en su reclamación contra la doctrina Parot)-, Eukene Jauregi y Haizea Ziluaga. Una vez letrados como Jone Goirizelaia e Iñigo Iruin rechazaran hacerse cargo de su representación, la Sección Segunda deberá esperar a que Velasco dictamine si las tres quedan en libertad para fijar una nueva fecha para el juicio.
Un grupo de profesionales del derecho -entre ellas, Iñigo Santxo, Iñaki Goioaga, Jone Goirizelaia, Iker Urbina, Olatz Talavera o Kepa Landa- exigió ayer la puesta en libertad de los detenidos y ratificaron su compromiso para que los presos de ETA no se queden sin defensa jurídica. Ante los delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública que se imputa a los arrestados, afirmaron que “todo el mundo sabe que no roban”.
