barcelona - El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resolvió ayer por mayoría investigar a Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Educación Irene Rigau por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en el proceso participativo del 9-N. Los seis magistrados reunidos acordaron admitir a trámite “todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre de 2014”, que suspendió la consulta alternativa sobre la independencia, entre ellas la presentada por la Fiscalía. Ahora bien, lo que hace el TSJC, que argumentará su resolución a partir del próximo 8 de enero, es agrupar el conjunto de todas las denuncias en el procedimiento más antiguo, el de la primera que presentó el sindicato Manos Limpias, por lo que el instructor de la causa será el ponente de la misma, el magistrado Josep Manel Abril. En concreto, la querella de la Fiscalía acusaba a los tres miembros del Govern de los presuntos delitos de desobediencia, usurpación de funciones, malversarción de caudales públicos y prevaricación. Sin embargo, la admisión a trámite solo implica la investigación por un posible delito de desobediencia, del cual derivarían el resto de hechos que puedan estar relacionados. En total, se habían presentado 25 denuncias y 7 querellas sobre una jornada histórica, la del 9-N, en la que 2,3 millones de catalanes apostaron mayoritariamente por la creación de un Estado independiente. En la reunión que celebró ayer el TSJC, que arrancó a las diez de la mañana y se extendió unas cuatro horas, estuvieron presentes el presidente del Alto Tribunal Miguel Ángel Gimeno y los cinco magistrados titulares de la Sala Civil y Penal Maria Eugènia Alegret, Carlos Ramos, Enric Anglada, Joan Manel Abril y Francisco Valls.
La resolución está dirigida contra Mas, Ortega y Rigau, puesto que ellos fueron quienes tuvieron una exposición más pública durante la jornada del proceso participativo; en cambio, no admite a trámite aquellas denuncias o querellas dirigidas contra la presidenta del Parlament Núria de Gispert ni los miembros de la mesa Anna Simó (ERC), Lluís Corominas (CDC), Josep Rull (CDC) y David Companyon (ICV); además de las puestas contra el conseller de Interior Ramon Espadaler, el portavoz del Govern Francesc Homs y el presidente de ERC Oriol Junqueras, pese a que ayer mismo el partido republicano se autoinculpó nuevamente de la celebración de esa jornada reivindicativa.
erc defiende al govern Antes de conocerse esta decisión, Artur Mas adelantó que, aunque no estaba de acuerdo con las querellas, acataría lo que dijera el órgano judicial. “Las decisiones de los tribunales son, como no puede ser de otro modo, libres, y yo me someto a su criterio”, zanjó el president, a quien respaldo ERC. Junqueras advirtió de que “si atacan al Govern por defender la democracia nos atacan a todos”, mientras que la portavoz de la formación republicana, Anna Simó, expresó su “total apoyo en estos momentos que no son fáciles” al Jefe del Govern y al resto de miembros de su Ejecutivo. CiU salió al paso insistiendo en que la querella fue un “error” y confía en que no acabe en una “condena”, al tiempo que el líder de Unió, Duran i Lleida, retó a la Fiscalía a investigar todos los casos en los que Madrid “ha incumplido sentencias” del TC. El PP se congratuló de que “al final la Justicia se impone” y que “la ley llega a todos, con independencia de personas, territorios y clase social”; y el PSOE avisó de que “con la Justicia no es suficiente, hay que abrir la vía del diálogo político”. Contra la admisión a trámite cabe recurso de súplica ante la misma sala del TSJC, una vez notificado el auto que tras las fechas navideñas dictará el juez Abril, quien concretará las razones de esta postura. Si el alto tribunal catalán decidiera mantener su investigación y practicar diligencias, sería el Tribunal Supremo (TS) quien tendría la última palabra.
