barcelona - El Govern ha encontrado una manera de sortear las medidas que pudiera adoptar contra el 9-N el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha mostrado su disposición a permitir la consulta alternativa si se trasladaba su gestión a las entidades de la sociedad civil. Finalmente, la organización de la histórica jornada será un entramado entre la Generalitat, que amparará y mantendrá su “responsabilidad” en el nuevo referendo, pero dejando su “ejecución” en manos de los voluntarios. Artur Mas se reunió ayer con el bloque soberanista y una cincuentena de organismos en la cita que mantuvo el Pacte pel Dret a Decidir (Pacto Nacional por el Derecho a Decidir) y de la que se dedujo que el Govern continuará liderando el proceso “hasta el final y hasta las últimas consecuencias” aunque no será el “protagonista” en el tramo final.
Ahora bien, el esbozo expuesto es tan confuso cuando se piensa en su aplicación que tocará aguardar a mañana para que se resuelva esta ecuación a dos bandas que desde hace semanas Mas tenía guardada bajo su manga.
Así lo corroboró el coordinador del Pacto Nacional, Joan Rigol, quien ilustró que “la Generalitat no da un paso atrás, todo continúa igual, pero con más interdependencia de responsabilidades”. El histórico dirigente de Unió aseguró que las urnas han sido ya repartidas por el Ejecutivo catalán y que estarán en el interior de los colegios el 9-N, aunque no detalló quién ofrecerá los datos de participación del proceso ni tampoco los resultados definitivos; mientras que si hay incidencias, actuarán los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Habrá liderazgo del Gobierno catalán. Pese al recurso contra el nuevo 9-N hemos podido continuar adelante con el proceso participativo y hemos coincidido en que no esperamos que haya ninguna interrupción en la votación del día 9”, argumentó Rigol. “El 9-N debe ser un acto de participación sobre el futuro político de Catalunya y debe serlo de forma cívica con el liderazgo del president de la Generalitat Artur Mas y de todos”, añadió.
Aunque no pudo aclarar si será la vicepresidenta Joana Ortega la que comparecerá mañana para ofrecer información sobre el transcurso del día en el centro habilitado para la prensa en uno de los pabellones de la Feria de Barcelona, destacó Rigol que, personalmente, piensa que el Govern “se mueve en parámetros de la legalidad”, por lo que animó a tomar parte en el 9-N. De hecho, el Pacto por el Derecho a Decidir acordó un manifiesto que llama a los ciudadanos a ser partícipes de la votación. “Todos estamos llamados a participar, sea la que sea la opinión política de cada uno”, señaló.
El documento insiste en apoyar la votación “en defensa de nuestra libertad, en ejercerla democráticamente, y agradecemos y animamos a los voluntarios que la hacen posible”. Las entidades que forman parte de la mesa también acordaron unirse a la denuncia formulada por decenas de cargos electos el pasado miércoles ante varias instituciones internacionales contra el Estado español por “vulnerar el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro político prohibiéndole cualquier sistema de consulta reconocido internacionalmente”.
Ahora falta por comprobar cómo reaccionará Madrid: si entenderá que es Mas quien sigue al frente del proceso o si lo hacen las entidades de la sociedad civil. También cómo actuarán los Mossos: si se someterán a posibles decisiones judiciales y de la Fiscalía de última hora, o si se limitarán a cuidar del operativo diseñado para la ocasión.
satisfacción del pacto Finalizada la cita del Pacto por el Derecho a Decidir, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, declaró, satisfecho, que fue “muy bien” y que “no hay ningún cambio” con respecto al 9-N; mientras que el coordinador nacional de ICV, Joan Herrera, se felicitó por el hecho de que habrá proceso participativo y demandó al Govern que “no se eche atrás”. El diputado de la CUP David Fernández entiende que Mas sigue comprometido con la organización del 9-N y que el Gobierno español “no impedirá por la fuerza” las votaciones.
Al contrario de lo ocurrido en anteriores reuniones, las presidentas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Carme Forcadell y Muriel Casals, abandonaron el Parlament por un lateral sin hacer valoraciones y esquivando a los periodistas. Posteriormente, la primera de ellas reseñó en declaraciones a La Sexta que es la Generalitat quien lidera el 9-N “colaborando con la sociedad catalana”, pero siendo “una consulta organizada por el Govern”. Sin representación del PPC, PSC ni Ciutadans; la líder de los populares catalanes, Alicia Sánchez-Camacho, instó a Mas a que no se ponga “ni delante ni detrás” del 9-N y “no comprometa” a funcionarios en posibles ilegalidades.
En cuanto al escenario que se abre en Catalunya a partir del lunes, el citado Rigol confía en que “el espíritu de unidad pueda continuar” el lunes día 10, aunque ayer no era un asunto que formaba parte del orden del día del encuentro. “Nos jugamos mucho en este proceso. Asumimos que estamos en una Catalunya plural y que todo el mundo tiene el derecho a hacer o pensar lo que crea”, zanjó, tras una reunión sin voces discordantes y a la que asistieron 72 personas en representación de las más de 3.000 instituciones, fuerzas políticas y entidades diversas de la sociedad civil que forman parte de la plataforma por el Derecho a Decidir, entre ellas con la novedad de la presencia de Arcadi Oliveres en nombre de Procés Constituent.
