madrid - "El juez debe aplicar la ley, le guste o no, aun cuando el resultado sea, desde su punto de vista, frustrante". Con cierto poso de amargura, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez dejó ayer en libertad a ocho presuntos narcotraficantes sirios en cumplimiento de la reforma de la justicia universal, según la cual los jueces solo podrán actuar en una causa cuando el imputado sea español o cuando el delito haya tenido lugar en suelo estatal. Gómez Bermúdez ha tenido que dar un paso atrás porque los supuestos narcotraficantes fueron detenidos en un barco con bandera de Sierra Leona en aguas internacionales. Transportaban 12 toneladas de hachís. Su decisión se suma a la tomada hace cuatro días por el juez Fernando Andreu, que también liberó a ocho marineros egipcios que transportaban droga.
Los jueces se han visto forzados a poner en libertad a los sospechosos en cumplimiento de la reforma de la justicia universal, aunque varios magistrados han dejado ver ya que no les satisface la modificación. Los jueces Pedraz, Ruz y Velasco han tratado de buscar recovecos para averiguar si cabe continuar con sus investigaciones, afectadas por esa reforma. La Fiscalía Antidroga, por su parte, ha defendido la competencia de los tribunales españoles para juzgar a los marineros arrestados y reclama la aplicación de la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes. El artículo 17 de ese texto establece "la necesaria cooperación entre los estados firmantes para eliminar el tráfico ilícito por mar". Gómez Bermúdez recordó que las doce toneladas de hachís fueron aprehendidas en un buque en aguas internacionales, con bandera de Sierra Leona y tripulado por ocho personas sirias sin que constara "la intervención de ningún español ni que la droga fuese destinada a España". - DNA/E. P.
