madrid - La futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sea citados como testigos. Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien aseguró que esta medida pretende acabar con el "privilegio" que, a su juicio, supone que los cargos públicos puedan prestar declaración por escrito o en su despacho, como ocurre en la actualidad.

El titular de Justicia se pronunció en estos términos durante el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación de la portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez. Gallardón confirmó a su vez que la futura norma prohibirá que aquellas personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos de corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral.

En este sentido, se comprometió a trasladar a la dirección del PP este planteamiento con el fin de que, en las próximas citas con las urnas, las listas electorales de su partido no incluyan a candidatos que tengan un juicio oral abierto. "Si ésa es la voluntad del Gobierno, el partido no irá en contra", aseguró. Minutos antes, Rosa Díez retó al ministro a no esperar a que la ley obligue para que los partidos políticos, como UPyD, se comprometan motu proprio a no llevar en sus listas personas con un juicio oral abierto.

Durante su intervención, Gallardón subrayó que para el Gobierno español es "una prioridad absoluta" la lucha contra la corrupción, "un cáncer -aseveró- que nos puede matar a todos", y mostró el deseo del Ejecutivo de Mariano Rajoy de poder llegar a acuerdos con los grupos de la oposición para encontrar medidas que pongan fin a esas prácticas. "Esta no debe ser una batalla que gane solo un Gobierno", enfatizó, antes de poner en valor la reunión que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mantuvo el pasado 19 de marzo con las distintas fuerzas parlamentarias para lanzarles este mismo mensaje.

Falta de voluntad Pese a reconocer los "avances" en materia de lucha contra la corrupción, la portavoz de UPyD lamentó que ha habido "muchas más medidas" anunciadas que las que se han puesto efectivamente en marcha, algo que achacó a la falta de voluntad política. Tras pedir al ministro pasar "de las palabras a los hechos" para frenar la cada vez mayor preocupación de los ciudadanos por los casos de corrupción en España, Rosa Díez denunció que el Gobierno no esté dando instrumentos a quienes tienen que perseguir esta lacra, entre los que citó la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria o los jueces.

Gallardón respondió haciendo un repaso de algunas medidas anticorrupción aprobadas por el Gobierno español, entre ellas la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración. En este sentido, hizo especial hincapié en la mejora que en la lucha contra la corrupción supone el nuevo Código Penal -actualmente en tramitación parlamentaria- garantizando que cuando éste salga del Congreso contendrá todas las medidas anticorrupción que pacten los grupos parlamentarios. Por último, el ministro quiso dejar claro que su Ministerio ha atendido los refuerzos solicitados por los órganos judiciales que persiguen la corrupción. - E.P.