"Me llamo Jurdan Martitegi Lizaso. Soy militante de ETA y me siento muy orgulloso de serlo. Hago mías todas las acciones que ETA ha realizado en medio siglo de historia", se ha limitado a decir el que fuera responsable del aparato militar, para añadir que no reconoce la legitimidad del tribunal y que "no piensa participar en esta farsa jurídica".

Estas han sido las únicas palabras pronunciadas por el antiguo jefe de ETA, que fue detenido en abril de 2009 en Montauriol tras los pasos de Javier Francisco López Peña 'Thierry', Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki,' y Aitzol Iriondo, otros ex líderes de la banda apresados en esos meses.

Poco antes, el que fuera jefe del 'comando Bizkaia' de ETA, Arkaitz Goikoetxea Basabe, se ha negado también a responder a las preguntas del fiscal, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la acusación particular de una víctima, para declarar a su defensa que no fueron "ciertas" las declaraciones que prestó ante la Guardia Civil.

"No fueron voluntarias, libres ni reales", ha aseverado Goikoetxea, sobre sus referencias a otros imputados y los zulos que ayudó a localizar en el monte de Pazuengos y que guardaban abundantes jeringuillas, explosivos y armas para secuestrar al exedil del PSE Benjamin Atutxa. Varios guardias civiles han rebatido que su declaración fue "libre y espontánea".

Tras su declaración, a la que el público ha respondido con el puño en alto, el tercer acusado, Iñigo Gutiérrez ha rechazado haber participado en el atentado cometido en el cuartel de la Guardia Civil en Calahorra en 2008 y ha añadido que ese día se encontraba con varios amigos.

Así se han pronunciado antiguos dirigentes de la banda terrorista horas después del último comunicado de ETA, en el que dice que el anuncio de desarme debe ayudar a "fomentar el clima para el diálogo y el acuerdo, así como a avanzar en otras cuestiones", y advierte de que los obstáculos pueden condicionar gravemente el proceso de sellado.

Los tres acusados se enfrentan a 675 años de cárcel por la presunta comisión de 33 asesinatos terroristas en grado de tentativa, uno de estragos, otro de tenencia de explosivos, dos delitos de detención ilegal y otro de robo de vehículo a motor. En el momento del atentado residían en la casa cuartel 33 personas, resultando heridas varias de ellas y provocando cuantiosos daños en el edificio.