UNA semana extraña. Cuando ve la luz un programa de reactivación económica y promoción de empleo en un país con más de un 15% de paro y 5.000 empresas y sociedades destruidas en el último año, que además ha sido fruto del pacto de dos fuerzas parlamentarias que suman una mayoría absoluta pero que apenas haya debate, análisis, o siquiera un lugar predominante en la prensa, algo muy importante ha debido de ocurrir que lo haya eclipsado. Porque no se explica que un objetivo declarado de crear 8.000 empresas y 32.000 empleos no esté siendo el eje de los posicionamientos públicos de la clase política y económica aunque sólo sea para sacarle las faltas con un mínimo de rigor.

No es el caso. En Euskadi quienes llenan de declaraciones los minutos y las páginas de los medios de comunicación han pasado de puntillas sobre la propuesta pactada por PNV y PSE y presentada por el lehendakari. Sería terrorífico pensar que, más allá del posicionamiento de oficio -el de tomar distancia del proyecto ajeno por el mero hecho de serlo y no cumple el 100% de las prioridades propias- tampoco barajen alternativas medianamente articuladas y/o confesables. Sí, claro; es importante lo de este fin de semana en Valladolid y lo del otro día en Polloe y lo que sea del PP vasco y del español. Y ya se sabe que cuando la mirada se queda en un punto fijo durante el tiempo suficiente, las formas del entorno acaban desdibujadas, funden a blanco. Algo así ha tenido que ocurrir en este caso.

Igual de calladamente parece estar discurriendo una de las batallas más severas en torno a los derechos sociales, al modelo de bienestar y al sistema de autogobierno que se han desarrollado en este país en las últimas décadas. Calladas porque los partidos políticos no han cerrado filas, cada uno al lado del campo que más cómodo, afín o interesante les resulte. A algunos ni se les espera en ese escenario y parece que la pugna va a seguir desarrollándose, atronadoramente discreta, entre los gobiernos vasco y español. Finta tras finta, en Lakua se practica la esgrima legal y no el grito escenificado para tratar de contener la ebullición de decisiones de los ministros de Rajoy. Gritarle a la tormenta no hace que deje de llover. Son decisiones que afectan a servicios sociales básicos, como la educación y la sanidad, en torno a los que se amontonan iniciativas profundamente ideologizadas y orientadas a la restricción de competencias autonómicas implantando a la vez una interpretación unilateral de los márgenes y los límites de los derechos asociados a esos servicios.

Cogidas en perspectiva, es curioso que la reacción aplastantemente mayoritaria de las estructuras sociales y políticas vascas sea de rechazo y, sin embargo, nadie haya sido capaz de adherirse a un frente común para visibilizar esa mayoría. Pero si analizamos los posicionamientos individuales de los agentes sociales y políticos hay una coincidencia -con la lógica excepción de la sucursal vasca del partido que gobierna en Madrid- en la demanda de desmarque de la batería de iniciativas. Desde el copago de medicamentos -en sus vertientes farmacéutica y hospitalaria-, a la restricción de tarjetas sanitarias -primero a inmigrantes extranjeros y ahora también a emigrantes nacionales-; de la Ley de Educación del ministro Wert -gestada de espaldas al sector y a cualquier mirada moduladora de esa obsesión de entender la escuela como el eje de la formación del espíritu nacional, que explica su desconfianza de otras formas de hacer escuela por temor a que otras mayorías, no digamos en otra lengua, hagan lo mismo-, hasta la reciente reforma del aborto.

Lejos de sumar esfuerzos, quienes desde la oposición al Gobierno Vasco rechazan igual que él estas iniciativas, han llegado todo lo más a exigirle que se eche al monte. La insumisión, ese "que vengan a buscarnos" que condena a toda la sociedad al pleito y la inestabilidad jurídica es tan estéril como peligroso. ¿Dónde está el límite de esa insumisión? ¿Basta un colectivo ampliamente representativo del sector al que va dirigida una norma para que, sencillamente, se considere con derecho a obviarla? ¿Tendrían derecho en Gipuzkoa los transportistas a no pagar peajes, o las rentas salariales más altas, si se agruparan en un sindicato de intereses, a la insumisión fiscal? Resbaladizo, sí. Y un poco demagógico. Liquidar normas sólo es la antesala de definir otras, que es el medio de articular la convivencia y el choque de intereses en una sociedad democrática. Lo otro es la selva. Es legítimo querer una mayoría mejor que haga leyes mejores; siéntense a construirla.