BILBAO. El Gobierno Vasco y el Partido Socialista han hecho las paces sobre la polémica por la propuesta del Ejecutivo de Urkullu a Sortu para el cierre de ETA. Las dos partes cruzaron ayer mensajes para tratar de reconducir su relación después de las acusaciones realizadas el miércoles por varios dirigentes del PSE, con Patxi López a la cabeza, en los que reprochaban a Lakua no haberles informado sobre esta iniciativa e insinuaron que los jeltzales tienen un plan conjunto para "rentabilizar" el final de ETA. En línea con las acusaciones realizadas por el PP, los socialistas, además, levantaron dudas sobre la existencia de un acuerdo cerrado entre el Gobierno del PNV y Sortu, lo que ha sido reiteradamente negado desde Lehendakaritza.
El reproche de López produjo gran escozor en Ajuria Enea, especialmente la insinuación sobre un supuesto pacto con la izquierda abertzale cuyo fin sería sacar réditos partidarios al cierre ordenado de ETA. El Gobierno de Urkullu contactó durante la jornada de ayer con los socialistas para pedir explicaciones. Según ha podido saber este diario, a lo largo de la jornada se sucedieron las llamadas en ambas direcciones y en ellas participaron desde el Ejecutivo vasco y la cúpula del PSE, hasta el PNV y la dirección del PSOE en Ferraz. Como resultado de los contactos ambas partes mostraron su "voluntad compartida" de reconducir la situación y aclarar las cosas.
Desde que socialistas y jeltzales firmaron el acuerdo fiscal y para la reactivación económica y por el empleo, es la primera vez que ambas formaciones se enzarzan y se cruzan acusaciones graves, lo que explique la rápida reacción de las partes para atajar la situación y evitar un deterioro de un acuerdo que consideran estratégico.
Las criticas de López a Urkullu tuvieron su origen en la propuesta presentada en octubre -aunque no se ha conocido hasta esta semana- por el Gobierno Vasco a Sortu en la que pedía pasos a la izquierda abertzale para impulsar el proceso por distintas vías tras constatar un parón. Así le planteó que asumiera un compromiso con el reconocimiento del daño causado por ETA, que presentara un calendario para el desarme de la organización armada, y que impulsara la reinserción individual de los presos, entre otros puntos.
El Ejecutivo de Urkullu entendía que esos pasos podrían contribuir al desbloqueo pero la izquierda abertzale no respondió satisfactoriamente. De esos puntos, solo se cumplió el relacionado con la política penitenciaria mediante la declaración del colectivo de presos de la banda (EPPK).
El Gobierno también asumió varios compromisos ya integrados en su hoja de ruta para el final de ETA como desarrollar el Plan de Paz, trabajar en la Ponencia de Paz del Parlamento Vasco y pactar la política penitenciaria con Madrid, aunque estos compromisos los desarrollaría con independencia de lo que hiciera la izquierda aber-tzale
La propuesta se ha conocido esta semana tras la filtración de la Guardia Civil de los documentos incautados a la abogada de los presos de ETA Arantza Zulueta, detenida el pasado 8 de enero en la operación policial que terminó con el arresto de otros siete abogados.
