la ONG International Transparency (IT) sigue un complejo método para evaluar la percepción sobre el índice de corrupción (IPC) en 176 Estados, entre ellos el español. Acaba de publicar su informe anual y España retrocede en la lista. No es de extrañar: Bárcenas, Gürtel, EREs, Fabra, Urdangarin, Matas, González, Blesa, etc. Son casos, en su mayoría, aún en los juzgados pero que crean una sensación de que la corrupción sube y, sobre todo, como advierte la propia organización, "el Gobierno no parece decidido a afrontar seriamente el problema".

La percepción puede no corresponder con el aumento de casos, sino con su notoriedad a través de los medios de comunicación, de que hayan funcionado de forma más eficaz los controles y hoy aflore lo que antes se escondía, pero IT también avisa de que la indignación ha crecido acentuada por los tiempos de crisis y por "la lentitud de las sanciones penales, la baja intensidad de las penas en casos de corrupción relevante y la expansión de los escándalos a las instituciones clave del Estado". Pongo nombre -la ONG no lo hace- a cada uno de los tres supuestos. ¿Cuánto tiempo llevamos con Gürtel y Bárcenas a cuestas? Fabra (el murciano, no el valenciano) se jacta de que no pisará cárcel y la Fiscalía (¿qué les han dado para esta contumaz defensa?) insiste por enésima vez que no ve caso para imputar a la infanta abajo firmante de contratos por los que su marido Urdangarin sí lo está.

Este cúmulo de circunstancias han provocado que España descienda diez puestos en el ranking (solo Siria baja más) y que se sitúe a la par de Cabo Verde. Para que nos vayamos haciendo una idea. La corrupción está íntimamente ligada con el empobrecimiento de las sociedad en las que se da. El económico y el moral. Porque el chanchullo desvía recursos públicos a bolsillos poco honrados que se hacen fuertes en presencia social. De ahí la doble maldad de esta práctica.

¿Hay corrupción generalizada en España? Hay focos muy intensos, en altos estamentos, en zonas geográficas y políticas muy concretas que contribuyen a esa percepción social, sectores económicos (¡ay el ladrillo!) en los que han campado a sus anchas quinquis de todo pelaje y las medidas preventivas no han sido eficientes. Pero deducir de ahí que la corrupción es general ( sustentada en frases del tipo "pasa en todos los partidos" o "allá donde hay negocio, hay corrupción") creo que es un error.

La preocupación debe cundir no tanto porque haya muchos casos en los juzgados (que también) sino porque quienes tienen responsabilidad de prevenirlos y, en su caso, perseguirlos más allá de la Justicia, miran hacia otro lado. El tirón de orejas al Gobierno de Rajoy por su doble responsabilidad (en el PP y en el Ejecutivo) es de campeonato. "Quince años perdidos" desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción dice IT.

Euskadi. Junto a este informe de escala planetaria, IT realiza otros en los que se puede afinar mucho más y en los que analiza tres niveles administrativos: Comunidades Autónomas, Diputaciones (incluye las nuestras aunque poco tengan que ver con las españolas) y Ayuntamientos. Les ahorro los detalles que pueden consultar en internet (www.transparencia.org.web), pero es un catálogo de esa focalización de los casos a los que hacía referencia.

En contrataciones públicas (donde está el pastel) la nota de las instituciones vascas es sobresaliente en líneas generales. También en comunicación a la ciudadanía de las relaciones público/privadas. No es que no tengamos ningún caso, no, pero los niveles de corrupción son equivalentes a los países más avanzados. O precisamente porque no son corruptos son avanzados.

Luchar contra la corrupción no es sencillo, pero hay mecanismos que funcionan de forma eficaz en su prevención. La puesta en marcha de un código ético por parte del Gobierno vasco tras la llegada de Iñigo Urkullu (el de Patxi López decía una cosa pero hacía otra) se ha traducido en la creación de una Comisión Ética que veinte días después de constituirse tomó ya su primera decisión hace ahora un mes. No señala a nadie como corrupto, pero previene: ordenó el cese del director general de Eije (sociedad pública de informática) por contratar con una empresa en la que trabajó inmediatamente antes de incorporarse a su nuevo cargo. Ese es el camino; se evitan suspicacias, se aplica la transparencia y se lanza un mensaje rotundo.