UPyD pregunta a Rajoy si emprenderá acciones legales contra Mas
La formación liderada por rosa díez apela incluso a la posibilidad de suspender el estatuto de autonomía
Madrid. UPyD registró ayer una batería de preguntas parlamentarias en relación a la consulta sobre la independencia en Catalunya, en la que entre otras cuestiones, pide al Gobierno español que explique si emprenderá acciones penales contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por incumplir la ley.
La formación liderada por Rosa Díez quería saber la opinión que le merece al Gobierno del PP el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum que se introdujo en el Código Penal durante el mandato de José María Aznar.
En su interpelación, el partido magenta explicaba que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero derogó esa delito del Código Penal, que penaba con hasta cinco años de cárcel la convocatoria de un referendo ilegal, y preguntaba en este sentido al Ejecutivo del PP si se plantea recuperarlo en el nuevo Código Penal que se encuentra tramitándose en el Congreso.
Centrándose en el "desafío" político al Estado que, a su juicio, suponen las preguntas que el Govern catalán presentó el jueves para la consulta soberanista, UPyD también quería saber las medidas concretas que está estudiando el Gobierno para evitar que dicha consulta "ilegal" se lleve a cabo.
Con esta consulta, según el texto de las preguntas registrado, lo que se pretende es "vulnerar por la vía de los hechos la Constitución dejando con ello a los ciudadanos absolutamente indefensos bajo grandilocuentes palabras como el derecho a decidir o arrogándose la voluntad del pueblo".
Rosa Díez iba más allá y planteaba al Ejecutivo popular "si piensa advertir a la Presidencia de la Generalitat de que si formalizan la convocatoria o convierten ésta en acuerdo de Gobierno se aplicará el artículo 155 de la Constitución y cualquier otro que fuera preciso para reponer el respeto y la observancia del orden constitucional". El mencionado artículo advierte de que si una comunidad autónoma incumpliera las leyes o actuase de forma que atente gravemente contra el interés general de España, el Gobierno puede incluso abrir la puerta a la suspensión de la autonomía.
