"Me gustaría que el Supremo mantenga las excarcelaciones"

Más bien me lo temía. Estuve ya en contra de la doctrina Parot cuando se estableció en la sentencia del 2006. Si decimos que hay que respetar las resoluciones judiciales, no me parece correcta la reacción de los poderes públicos españoles, máxime cuando el Tribunal de Estrasburgo es el sistema del cual nos hemos dotado los ciudadanos europeos para interpretar los derechos fundamentales.

¿Y qué opina de que el partido del Gobierno español haya salido a la calle en rechazo de esa sentencia?

Son reacciones que no comparto. En cambio, sí me parece adecuada la lectura que hizo el 25 de octubre la Audiencia Nacional para hacer extensivo a todos los reclusos de ETA pendientes de recurso de excarcelación, según lo dicho por la sentencia de Estrasburgo. El auto de la Audiencia Nacional es impecable y con un contenido penal importante.

Finalmente, la Audiencia Nacional ordenó el viernes excarcelar a nueve de los once presos que habían recurrido la aplicación de la doctrina.

Me alegro de que haya continuado con el criterio sentado una semana antes.

¿Espera que el Tribunal Supremo continúe con este criterio en los recursos que tiene pendientes?

Es lo que me gustaría.

¿Puede contribuir en algo el derecho al fin de ETA?

Acabamos de conmemorar el aniversario del asesinato a manos de ETA de José María Lidón y hoy las circunstancias en las que viven los jueces y fiscales, y muchas más personas en Euskadi, es muy diferente a aquel 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció el cese de su actividad. Hay doctrina que sostiene que podrían despenalizarse ciertos entornos ideológicos de la izquierda abertzale, cuando ya no hay delitos contra las personas ni daños. La interpretación adecuada al momento actual debiera llevar a un número menor de condenas en los juicios importantes que está celebrando en este momento la Audiencia Nacional contra ese entorno abertzale. La no existencia de la banda armada debiera propiciar que esos casos tuvieran un enjuiciamiento distinto.

¿El Gobierno tendría en su mano facilitar las normalización cambiando la política penitenciaria?

En ese mundo penitenciario tienen que ver el Gobierno, los juzgados de vigilancia penitenciaria y los propios internos, que no han generalizado la petición de mediadas. Gobiernos anteriores ya han utilizado el derecho penitenciario, pero para eso hay que pedir y acogerse individualmente a lo que el reglamento penitenciario pide. En ese sentido, los presos, ETA y su entorno también tienen que hacer sus deberes.

¿Cabe aplicar la justicia transicional como piden ciertos sectores?

Lo que yo he visto es que se ha aplicado en países en los que ha habido conflictos de sociedad dividida como puede ser Colombia o Nicaragua y hay un proceso de transición. No sé si la realidad vasca o española se adecua a esos parámetros.

¿Cómo combinar las demandas que expresa el Gobierno catalán con la negativa del Ejecutivo de Rajoy a permitir una consulta?

Como vocal del CGPJ no me puedo pronunciar al respecto, pero creo que puedo decir que soy partidaria del derecho a decidir.

¿Le aburre contestar a la pregunta de por qué el poder judicial están tan politizado?

Es que no creo que así sea. Si la politización quiere decir que los miembros del CGPJ tienen una ideología concreta y que los votan a propuesta de los partidos políticos, no me parece ningún desdoro para la tarea que tienen que ejecutar.

¿Habría alguna fórmula para mejorar la elección del CGPJ y del Tribuna Constitucional (TC)?

Quizá haciendo mucho más hincapié en el currículum personal y la trayectoria profesional de cada uno de los candidatos. No tacharía a nadie por ideología, pero hay que garantizar la solvencia de los candidatos.

¿La elección de Francisco Pérez de los Cobos como presidente del Constitucional no ha dejado al descubierto fallos en este sistema?

No me voy a pronunciar sobre él. No creo que haya hecho política de aparato dentro del PP, simplemente era militante. Es feo, sí; debió darse de baja antes de presentarse a la presidencia del TC, pero nadie nos ha dicho que se ha podido conducir de una manera partidista.

¿Qué opinión le merece Enrique Lucas, el candidato a nuevo magistrado del CGPJ, pactado por los partidos políticos a propuesta del PNV, y que le sustituirá a usted como vocal del consejo?

Le conozco muchísimo. Tiene un currículum espectacular y una gran trayectoria y solvencia.

¿De qué se siente más orgullosa en su paso por el CGPJ?

He sido la vocal para la implantación y fomento de la mediación en el Estado español. También en la inspección hemos dado un vuelco importantísimo, y puedo decir que ya ningún órgano judicial teme que le vayan a inspeccionar, porque se considera más bien una ayuda para detectar las carencias. Mi pertenencia en la comisión disciplinaria también me ha servido para comprobar que la mayor parte de los jueces actúan correctísimamente.

¿Los ciudadanos perciben ahora a los jueces con un prisma diferente después de que, como consecuencia de la crisis social, hayan tomado la iniciativa en asuntos como la reforma laboral, las cláusulas suelo o los desahucios?

Es cierto que este tipo de posturas han hecho que aumente la aceptación social de los jueces y la consideración de que saben estar a la altura de las circunstancias.

También ocurre con la corrupción.

En este tema quiero huir del populismo. Existen casos de corrupción pero no creo que con la generalidad que se ha venido predicando, en el sentido que parece que todo político tiene que ver con conductas de este estilo. A veces se pone en marcha la maquinaria penal por cuestiones que terminan en absoluciones o sobreseimientos. Otras veces, en vez de hacer una crítica política en el Congreso o en un ayuntamiento se pone una denuncia en los jugados para criminalizar al contrincante. Más que número de casos, creo que hay muchas noticias sobre corrupción, que no sé si se traducen en sentencias. No podemos convertir en criminal la totalidad de la actividad política.

¿Por qué hay tan pocos banqueros encarcelados después de tantos escándalos financieros?

No creo en aquello de todos a la cárcel. No es ejemplar el comportamiento que ha existido en muchas ocasiones en la banca, pero no supone que todo el mundo debiera haber pasado por una pena de prisión ni creo yo que la prisión preventiva está para estos supuestos. No comparto la idea de que me hago simpático si meto en la cárcel a los poderosos. La garantía de derechos es para todos.

¿El Gobierno se está extralimitando en la concesión de indultos?

Tampoco en esto se puede ser fariseo sobre si un gobierno ha indultado más que otro. Lo que se debería haber hecho es una regulación del indulto que estuviera limitado a aquellos casos en los que la aplicación matemática del derecho penal no se traduzca en una sentencia justa. Se dice que es una medida de gracia, pero no puede ser arbitraria. La anulación por el Tribunal Supremo del indulto al conductor kamikaze que había cumplido un tiempo nimio por un atropello mortal es un ejemplo de ello. Pero hay un tipo de delincuencia, que a mí siempre me ha repugnado especialmente y que procede de los aparatos de los poderes públicos, de torturas y abusos policiales. Pues bien, esos delitos se han indultado siempre, en tiempos socialistas y ahora. Creo que deberían estar entre los no indultables.