Bruselas. Hace años que lo que conocemos como Estado del bienestar entró en crisis, y las políticas de ajustes y recortes aplicadas en toda Europa no han hecho sino deteriorarlo todavía más, rumiando poco a poco derechos que antaño todo el mundo consideraba garantizados. Pero nunca hasta ahora ningún gobierno europeo se había atrevido a llegar hasta el punto de darlo por muerto y menos uno de los socios fundadores de la Unión.
El honor lo ostenta desde el pasado martes el de Holanda que por boca del rey Guillermo Alejandro, lo enterró en aras de lo que denominó "un Estado participativo" en el que los ciudadanos asuman que deben "hacerse responsables de su vida y de quienes les rodean" porque "la situación actual ya no es sostenible".
Dicho de otro modo, un futuro con menos apoyo público y más autosuficiente en el que se recorten prestaciones y pensiones y en el que la austeridad deje de ser una medida temporal para enraizarse en la sociedad. El mensaje, preparado por el gobierno de coalición que lidera Mark Rutte pero pronunciado por el monarca en su primer discurso al Parlamento desde que accedió al trono el pasado 30 de abril tras la abdicación de su madre, la reina Beatriz, se correspondía al tradicional discurso que inaugura el curso político el tercer martes de septiembre.
Desde 2010, Holanda ha aprobado ajustes por valor de 46.000 millones de euros. Junto con Alemania, Finlandia o Austria sigue siendo uno de los principales adalides de la austeridad y aunque conserva la confianza de los inversores y, sobre todo, su triple A, la máximo nota que ofrecen las agencias de calificación de riesgos, la economía holandesa, tras cinco años de crisis, no solo no levanta cabeza sino que sigue hundida en la recesión.
Según las últimas previsiones del gobierno, la contracción económica será este año del 1,25% y el crecimiento previsto para 2014 seguirá siendo débil, de apenas medio punto. En materia de empleo también sufren y aunque están a años luz de cifras como las de España o Grecia, la tasa de paro ha ido escalando gota a gota -en un país acostumbrado a cifras inferiores al 5%- y podría superar el 9% el próximo año, con una previsión de déficit que, pese a los miles de millones ahorrados, seguirá estando por encima del tope del 3% e incluso llegará al 3,9% según la oficina central de planificación. Todo ello sin olvidar el brutal endeudamiento de los hogares holandeses, equivalente al 250% de su PIB -muy superior al de Irlanda, España o Grecia-, debido a una burbuja inmobiliaria inflada durante años a base de estímulos y desgravaciones.
Con este escenario como argumento, al ejecutivo holandés, principal aliado de la canciller Angela Merkel, seguirá recetándose la misma medicina que con tanto ardor ha estado recomendando a los países del sur. Según el plan presentado esta semana por su ministro de finanzas, Jeroen Dijjselbloem: menos prestaciones sociales, reducción de gastos administrativos y pensiones, recorte de 2.300 empleos en el ejército, aumento de los impuestos sobre el alcohol y hasta la obligación de los detenidos de pagar una penalización de 12,5 euros por cada día que pasen detenidos hasta un máximo de seis meses.
Un plan que deberá ser aprobado ahora en un parlamento donde no tienen mayoría y cuya negativa podría colocar a Rutte en la misma tesitura de inestabilidad que hace unos años cuando la anterior coalición de gobierno cayó por falta de acuerdo sobre un programa anterior de recortes.
Popularidad, bajo mínimos Quizás su mensaje cale en algunos sectores de la pragmática sociedad holandesa. De hecho son muchos los que apoyan la reducción de la ayuda a los terceros países o los subsidios a las energías limpias pero no a costa de beneficios sociales como determinadas ayudas a los pensionistas. En todo caso, lo que sí constatan las encuestas es que la confianza en el actual gobierno de coalición, que integran desde hace año y medio liberales y socialdemócratas, se encuentra en su nivel más bajo. De celebrarse ahora elecciones apenas recibirían un 20% de los votos, menos que el populista Geert Wilders, cuya formación se convertiría en la primera fuerza de la cámara, y muy cerca de la izquierda radical que está liderada por Emile Roemer.
