sevilla. La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en Andalucía, acusaba ayer directamente a los sindicatos UGT y CCOO en aquella comunidad de financiarse de forma irregular gracias a una trama corrupta que habría repartido entre ambas centrales 7,6 millones de euros de fondos públicos destinados a financiar expedientes de regulación en empresas en crisis. La juez, que señala como intermediario al empresario José González Mata (dueño de Uniter y para quien ayer dictó auto de prisión), asegura que su firma realizó "pagos periódicos a los sindicatos UGT y CCOO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio". En base a este argumento sentencia que ambos sindicatos "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".

Estos pagos, según Alaya, "recaerían sobre Uniter como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los ERE", de manera que, "además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales", los sindicatos citados "encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular".

Centrándose en los sindicatos, la magistrada reitera que, según datos bancarios y fiscales, González Mata habría destinado a través de sus empresas 3,2 millones de euros a ambas organizaciones sindicales. Pero no era esta la única presunta vía de financiación ilegal. Así la consultora Vitalia, encargada de evaluar a las empresas a las que se concedían los ERE, habría destinado 4,2 millones a ambos sindicatos, a lo que habría que sumar 104.400 euros aportados por Estudios Jurídicos Villasís, lo que supondría una cantidad total de 7,6 millones de euros.

respuesta Frente a estas acusaciones el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, volvió a negar ayer que su sindicato haya cobrado "un solo euro por algo ilegal y mucho menos en relación a cualquier factura de los expedientes de regulación de empleo irregulares tramitados con dinero autonómico". Asimismo advirtió de que "si se le llama conseguidor a buscar que los trabajadores salgan de las empresas en las mejores condiciones, lo mejor que se puede hacer es ilegalizar a los sindicatos", porque estos, añadió, "no van a renunciar nunca a defender los intereses de los trabajadores".

Frente a lo que sostiene la juez sobre la "actuación decisiva" que habrían tenido tanto UGT como CCOO en el "ilícito uso de fondos públicos", el secretario general de CCOO-A reiteró que su organización "absolutamente nunca ingresó un solo euro por nada ilegal, y mucho menos en relación a cualquier factura de los ERE".