madrid. La defensa de la infanta Cristina recurrió ayer su imputación en el caso Nóos alegando que en la causa no hay delito ni indicios incriminatorios contra ella y calificando la decisión del instructor de "más propia del denodado y anticonstitucional sistema inquisitivo que del procedimiento justo que garantiza la Carta Magna".
En un escrito de 32 páginas, los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva exponen además que la condición de imputado implica "cargas o efectos negativos, tanto procesales como extraprocesales". Los abogados comparten en su totalidad las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra de imputación ya que tal decisión, a su juicio, "vulnera el principio de igualdad". Igualmente defienden "la inexistencia de infracción penal, de indicios incriminatorios previos y de datos sobre su participación en los delitos contra la hacienda pública, la vulneración del principio acusatorio y la no aplicación de la jurisprudencia existente".
En la línea del fiscal Pedro Horrach, consideran que ser vocal de Noos y copropietaria de Aizoon es "absolutamente insuficiente para dirigir una imputación penal contra una persona, sea cual sea la identidad o condición de esta", ya que debe basarse en "hechos-base" de una participación relevante en presuntos delitos.
Sobre las dudas del juez acerca de si la infanta conocía lo que hacía su esposo, dicen que son una "mera conjetura" "sin fundamento" y afirman que, en el actual momento de la instrucción, que está en su recta final, "las meras sospechas o dudas ya no pueden dar lugar a una imputación tardía", que califican de "extemporánea".
Con la sospecha de que conocía eventuales hechos delictivos, según los defensores de la infanta, el juez le imputa "una responsabilidad por omisión" en Nóos, por no haber retirado su nombre de dicho instituto. Los abogados recuerdan que la infanta apoya a varias instituciones, en las que sus empleados son quienes deben velar por su adecuación a la legalidad.
Las tesis centrales
l Torres miente y sus correos no valen. Los abogados consideran que la única razón de la imputación es la declaración del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y los correos que aportó a la causa. Califican a Torres como "un testigo imputado de escasa o nula credibilidad" y rechazan unos correos que "deberían ser sometidos a una exhaustiva comprobación de su autenticidad y de la licitud del modo en que fueron obtenidos".
l No hay acusación pública ni privada, sólo popular. Roca y Silva se oponen a la imputación también por cuestiones pragmáticas, ya que aseguran que un imputado no puede ir a juicio si no dirigen una acción contra él la acusación pública (Fiscalía) o la privada (Abogacía del Estado y de la comunidad balear), y en este caso solo la acusación popular (Manos Limpias) ha manifestado interés.
La inmunidad del príncipe es cosa de la Corona, cree el PP
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró ayer que el Gobierno y el PP apuestan por "actualizar" y "mejorar" todas las instituciones, incluida la Monarquía, y por eso ha animado a la Corona a "tomar decisiones" en esa dirección. "La Corona es una institución mayor de edad, la Corona es una institución que por sí misma también puede tomar decisiones", declaró Alonso al ser preguntado por la posibilidad de que se extienda también al príncipe de Asturias la inviolabilidad e inmunidad de la que goza el jefe del Estado de acuerdo con la Constitución. De hecho, indicó que la propia Cospedal ya dijo ayer que el PP no se había planteado "extender otros aforamientos" sino "reducirlo" a la figura del Rey. Aunque a los diputados corresponde legislar, Alonso recordó que "casi todas las instituciones tienen una responsabilidad y la ejercen". Por eso, defendió que sea la Corona la que dé pasos, como ha hecho en la Ley de Transparencia al tomar la "decisión" de someterse a esta norma.
