vitoria. La máxima de Mariano Rajoy ante cualquier problema es dejar que pase el tiempo hasta que el contratiempo desaparezca. Le salió bien en la lucha por el liderazgo dentro de su propio partido pero no tanto en el caso Bárcenas. En cuanto al conflicto vasco, ya desactivada ETA, pretende que esta languidezca por su propio peso y que nadie pueda interpretar que le hace concesiones. Solo quiere de la organización terrorista que entregue las armas y proceda a su disolución. Pero, entre tanto, y aunque se niega de manera oficial, en las últimas semanas ha incrementado la intensidad de su ofensiva tanto en el frente de los presos de la organización terrorista como en la actividad institucional de formaciones como EH Bildu y Sortu. De prosperar estos procedimientos abiertos por el Ministerio Fiscal contra algunos dirigentes abertzales por el presunto delito de enaltecimiento, podrían dar pie al inicio de un proceso de ilegalización si Rajoy así lo quiere.
Hace escasas semanas comenzaron a trascender situaciones que abonaban la tesis de que el Gobierno del PP no solo no va a negociar un proceso ordenado de excarcelación de los presos sino que ni siquiera se sentará con ETA para abordar el desarme de la organización. El hecho más notorio ha sido la decisión de Noruega, presionada por España y Francia, de expulsar a la dirección política de ETA que esperaba desde finales de 2011 para negociar con el Gobierno español, encuentro que nunca ocurrió porque Rajoy ha cerrado cualquier interlocución. Lo explicaba él mismo en el Congreso de los Diputados: "Para dejar las cosas claras, si estas personas estaban o no en Noruega, si dejaron o no de estar, nada tiene que ver con las decisiones del Gobierno que yo presido, nada que ver". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, abundaba en que la salida de los etarras de Noruega no hacía sino "confirmar lo que el Gobierno lleva diciendo desde hace un año: que ni ha negociado ni va a negociar con ETA".
estrasburgo Otro de los momentos álgidos de esta acometida tuvo lugar el pasado 20 de marzo cuando los 17 jueces de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejaron vista para sentencia su decisión sobre la doctrina Parot. Dicha denominación alude a la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas del reo y no sobre los 30 años de pena máxima, lo que alarga considerablemente el cumplimiento efectivo de las penas de forma retroactiva. Mil quinientos kilómetros al sur de Estrasburgo, el Gobierno de Mariano Rajoy había iniciado días antes una ofensiva diplomática y mediática que contaba con pocos precedentes, teniendo en cuenta que de lo que trataba el tribunal europeo era del futuro de medio centenar de presos de una organización terrorista que ya no está activa.
El Ejecutivo ha sacado la artillería pesada en este asunto: ha usado incluso el argumento de que una sentencia desfavorable a la doctrina Parot pondrá en la calle a dos docenas de asesinos y violadores que crearon en su momento una gran alarma social.
Con la intención de preparar a la opinión pública para un eventual pronunciamiento adverso del tribunal europeo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha llegado a decir que las autoridades españolas aún tienen margen para la "ingeniería jurídica". Todo sea por no tener que explicar a los sectores más duros del PP y a las asociaciones de víctimas por qué etarras con varias decenas de asesinatos a sus espaldas acaban en la calle.
enaltecimiento Días después de defender en Estrasburgo la doctrina Parot, trascendió que desde el pasado mes de septiembre Rajoy ha ralentizado la denominada vía Nanclares, en la que a un grupo de presos disidentes de la organización se les otorga beneficios penitenciarios a cambio de cumplir los requisitos que exige el Código Penal. Y eso que el nuevo programa de reinserción individualizada para los presos de ETA promovido por el Gobierno del PP no ha dado ningún resultado.
A este panorama se le suma la avalancha de acciones emprendidas por el Gobierno de Rajoy y el PP en el ámbito de la política, con las que aprieta las tuercas a instituciones gobernadas por Bildu -con la cascada de demandas interpuestas por el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, contra los ayuntamientos regidos por la coalición abertzale para que coloquen la bandera española en un lugar preferente-, además de denunciar a dirigentes de la izquierda abertzale por sus declaraciones sobre ETA, los presos y las víctimas.
En muy pocos días, el Ministerio Fiscal ha encadenado la apertura de diligencias contra la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi -por afirmar que el asesinato a manos de ETA de Fernando Buesa tuvo origen político y pudo ser "evitado"-, y contra Patxi Zabaleta, coordinador general de Aralar y miembro de EH Bildu, que diferenció entre terrorismos: "No son lo mismo los mercenarios de los GAL que los que han luchado por sus convicciones", aseveró.
Con posterioridad la fiscalía ha actuado también contra el portavoz de Sortu Pernando Barrena por calificar a Xabier López Peña Thierry, el exdirigente de ETA fallecido la semana pasada en Francia, de "preso político" y tras atribuir su muerte a "la actitud de los Estados español y francés, que niegan cualquier tipo de solución al conflicto político vasco".
reacciones El impulso político es claro: en los estos dos últimos casos, el Ministerio del Interior busca demostrar si se han traspasado algunos de los límites marcados por el Tribunal Constitucional -enaltecimiento del terrorismo, humillación de las víctimas o ambigüedad en la condena del terrorismo- y fruto de ello se puede iniciar un proceso de ilegalización de esas formaciones.
A esta escalada de acciones del PP le han seguido las manifestaciones de los dirigentes de la izquierda abertzale, remisos a condenar las acciones de ETA y a mostrar signos de acercamiento a las víctimas de la organización terrorista, actitudes de las que se retroalimentan los populares para justificar sus posiciones. Tampoco ayuda la declaración que el general de ETA Garikoitz Aspiazu Txeroki leyó ante un tribunal francés, en la que solo lamentó "el daño causado" a "los ciudadanos que, sin tener responsabilidad, han sufrido daños" a causa de la actividad terrorista, una afirmación que contó con el repudio de todas las formaciones, salvo de EH Bildu. El comunicado de ETA días antes del Aberri Eguna en el que decía que la medida adoptada por el Gobierno de Oslo acarreará "consecuencias negativas", también echó más leña al fuego.
'la caverna' Todas estas manifestaciones abonan las tesis de la mayor parte de las asociaciones de víctimas, que enarbolan la bandera de la ilegalización de Sortu y EH Bildu. Y de los sectores más extremistas del PP, caso de Jaime Mayor Oreja quien, pese a estar alejado de Rajoy, sigue teniendo su predicamento en sectores populares. El exministro de Interior y actual europarlamentario defendía esta semana que el "camino" debe ser la ilegalización de las formaciones de la izquierda abertzale. "El proceso de paz es retorcido por propia esencia y propia naturaleza y, hasta que no seamos capaces de invertir lo que Zapatero puso en marcha irresponsablemente y de manera suicida a través de ese proceso, no estaremos enfocándolo correctamente".
Expertos conocedores de los entresijos de la política madrileña sostienen que el Gobierno del PP se siente muy presionado por los sectores más ultraderechistas de su formación, lo que popularmente se denomina la caverna. En las últimas semanas ese discurso está calando en el establishment de los populares. Uno de los ejemplos más inquietantes es el editorial del martes pasado del diario ABC, el periódico de cabecera de Rajoy, titulado Hay que ilegalizar a Bildu. En el mismo, el rotativo apela a la fiscalía a reunir "las pruebas pertinentes e instar las acciones judiciales oportunas, incluida en su caso la ilegalización de Sortu y de Bildu".
Las fuentes consultadas por este diario sitúan en la expulsión de Oslo de la dirección política de ETA la ruptura de lo poco que había de esperanza de interlocución con el Ejecutivo español. A esta situación de impasse se suma que a Rajoy le importa bastante poco la situación de la organización armada y sus presos, hasta el punto de desentenderse de la vía Nanclares. Sus prioridades son otras: la crisis económica y el desempleo, y la no menos preocupantes crisis constitucional -derivada de los problemas de la monarquía- y política, con un sistema plagado de casos de corrupción, algunos de los cuales, los más notorios, horadan su propio partido.
el pp de la cav La visión de Mayor Oreja y los sectores más extremistas del partido parece, a día de hoy, alejada de las tesis del PP de la CAV, que no obstante también ha endurecido progresivamente su discurso sobre la izquierda abertzale. El cambio fundamental se produjo tras la polémica abonada durante todo el verano pasado por las asociaciones de víctimas debido a la excarcelación del enfermo terminal Iosu Uribetxebarria. La campaña electoral vasca que arrancó inmediatamente después también elevó el tono de las críticas del PP, sobre todo para diferenciarse del PNV, y todo indica que la lucha por la sucesión de Antonio Basagoiti dentro del partido en Euskadi ha acentuado esta tendencia.
Con todo, la formación conservadora niega la mayor. Arantza Quiroga, portavoz del PP en el Parlamento Vasco, argumenta que quienes han elevado el tono en las últimas semanas "son el mundo abertzale y el entorno de ETA, que están empezando a sufrir el peso de la decisión unilateral que tomaron" de dejar las armas. Para la dirigente popular, tras la expulsión de Oslo de la delegación de ETA, la izquierda abertzale "es consciente de que tiene que hacer su camino sola, porque se ha dado cuenta de que este proceso no es fruto de una negociación y ha podido comprobar que el Gobierno de España no se va a sentar a negociar".
mesura y cumplimiento de la ley De ahí el "nerviosismo" de EH Bildu en el Parlamento Vasco, atribuye Quiroga. A su juicio, el "buenismo" con que arrancó la legislatura Laura Mintegi ha dado paso a una formación que ha "elevado el tono". Asegura que las continuas apelaciones de la coalición abertzale a los presos "políticos" han "obligado a reaccionar" al PP. La "extrema ansiedad" en la que a su juicio está inmerso el entorno abertzale se ha acrecentado desde la constitución de Sortu. "Las declaraciones de Pernando Barrena son una continua provocación hacia el PP y el Gobierno, diciendo que somos nosotros los que queremos acabar con el proceso de paz".
No obstante, Quiroga cree que el Ejecutivo de Rajoy está respondiendo con "mesura". "Lo que ocurre -matiza- es que hay que conjugar esa mesura y no entrar en provocaciones con el cumplimiento de la ley". En este punto, la parlamentaria duda de que las formaciones de la izquierda abertzale acaben deslizándose por la senda de la ilegalización. "La izquierda abertzale no lo quiere. Les he visto actuar con la máxima cautela y la única que ha metido la pata en el Parlamento, Laura Mintegi, acabó hablando en el pleno monográfico de pacificación solo por la tarde. Ellos son los primeros en cuidarse muy mucho de este peligro".
El debate está lejos de amainar. El próximo martes, Rosa Díez (UPyD) defenderá en el Congreso una proposición de ley que plantea endurecer la Ley de Partidos de manera que se facilite la ilegalización de Amaiur, Bildu y Sortu. Será el momento de escuchar qué tiene que decir el PP.
