vitoria. El secretario general del PSE de Álava, Txarli Prieto, compareció ayer en el caso Telleria en calidad de testigo, pero se convirtió en uno de los principales protagonistas de la sesión judicial al denunciar los "exhaustivos" informes que realizaban sus escoltas privados a petición, según la versión del dirigente socialista, del Departamento de Interior.

Prieto pertenece al grupo de dirigentes políticos y otros profesionales que supuestamente fueron espiados, según se desprende de la investigación que se puso en marcha después de que su nombre fuera encontrado en uno de los seis documentos incluidos en un disco duro externo supuestamente perteneciente al dirigente jeltzale Aitor Telleria y en el que contribuyeron dos agentes de la Policía Autónoma Vasca.

El líder de los socialistas alaveses llegaba a la Audiencia Provincial de Álava dispuesto a prestar declaración junto a otros primeros espadas de su partido como el exalcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, y el concejal del Ayuntamiento gasteiztarra -y rival de Prieto en el último congreso provincial-, Juan Carlos Alonso.

Pero mientras las declaraciones de estos dos últimos se ajustaron a las previsiones y reiteraron su desconocimiento de las presuntas prácticas delictivas, el secretario general del partido fue más allá y mostró su indignación por el "uso indebido de mi derecho a la seguridad", según expuso ante el juez.

A preguntas del fiscal de la vista, Prieto declaró que en un principio detectó con extrañeza el aumento de cuestiones concercientes a su más estricta intimidad que tuvo que responder ante el interés de sus escoltas. Con el tiempo, el dirigente socialista afirmó tener "constancia" de que esos interrogatorios estaban destinados a completar unos "exhaustivos" informes por parte de la empresa privada que velaba por su seguridad para, a continuación hacérselos llegar a la Ertzaintza, ya que era este cuerpo policial, dependiente del Departamento de Interior quien, según la versión de Prieto, encargaba la confección del citado documento sobre los movimientos de los escoltados.

El también parlamentario del PSE aseguró que una vez conocidos los hechos protestó ante la Ertzaintza, desde donde le dijeron que tomarían cartas en el asunto para zanjarlo. Esta fue la razón, según Prieto, para que no recurriera a medidas judiciales.