París. El caso de los exiliados fiscales, franceses acaudalados que se han mudado a Bélgica desde que el presidente François Hollande les subiera los impuestos se ha convertido en todo un asunto de Estado y un culebrón con el que desayunan cada mañana los franceses. El caso más notorio es el del actor Gerard Depardieu, pero este apenas es un número más en la larga lista de fortunas francesas que han salido del país desde la llegada de Hollande al poder, en mayo pasado. Ayer, el mandatario socialista les espetó: "Si uno ama a Francia, debe servirla". "Todo el mundo debe hacer un esfuerzo", indicó el jefe del Estado, que dijo ser consciente de todo lo que hacen y lo que se les debe, pero que quiso recordar a quienes pasan dificultades.

Hollande señaló, no obstante, que prefiere mantenerse al margen de la controversia por considerar que "ningún ciudadano puede ser estigmatizado por el presidente". Sus declaraciones se producen en plena polémica en torno a Depardieu, que ha trasladado su residencia fiscal a la vecina Bélgica para pagar menos impuestos, y que se dice dispuesto a entregar su pasaporte por las críticas recibidas al respecto. No es el único. Bernard Arnault, dueño de la firma de artículos de lujo Louis Vuitton Moët Hennessy, inició en julio los trámites para obtener la nacionalidad belga. Pero Arnault sufrió ayer un revés: la oficina de extranjería belga emitió un dictamen contrario a concederle la nacionalidad, lo que supone un obstáculo importante para el empresario francés aunque no definitivo en dicho proceso.

Una encuesta difundida ayer por el diario Le Figaro destacó que más de la mitad de los franceses dice comprender que algunas grandes fortunas decidan instalarse en el extranjero teniendo en cuenta la actual "presión fiscal", que tributa con un 75% a quienes ganen más de un millón de euros al año. El 54% de los encuestados defiende esa postura, y otro 41% cree que la cantidad de impuestos directos e indirectos que pagan actualmente los más ricos es "demasiado elevada" y les incita a abandonar el país. La ambigüedad de los franceses en este asunto, no obstante, queda de manifiesto cuando ocho de cada diez ciudadanos estima que debido a "la difícil situación" que atraviesa Francia, es "legítimo" pedirles que hagan un esfuerzo pagando más impuestos.