MÉRIDA. Dicho decreto, discutido en la sesión plenaria de este jueves, ha recibido 33 votos a favor (los de los 32 diputados del PP más el error de Lemus) y 32 en contra (29 del PSOE y tres de Izquierda Unida).
Durante esta semana tanto el grupo de IU como el del PSOE habían manifestado su intención de votar en contra de la convalidación de dicho decreto que regulaba la implementación en Extremadura de las medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas aprobadas por el Estado.
Cabe recordar que, pese al error del diputado, la suspensión de la paga extra al personal del sector público extremeño se hubiera llevado a efecto aunque el decreto ley del Gobierno de Extremadura hubiera sido rechazado, puesto que se trataba de una medida que venía impuesta por el Gobierno de la Nación.
DECRETO EXTREMEÑO
El decreto convalidado por el Parlamento de Extremadura recoge la forma de suspender la extra, así en el caso de la eliminación se opta en el ámbito de la comunidad por la supresión de la misma en el mes de diciembre de 2012, no optando por el prorrateo, al entender esta última opción como más perjudicial, al suponer una merma actual e inmediata en las retribuciones mensuales de los empleados públicos.
Igualmente, y en el caso de la prestación económica en la situación de incapacidad temporal se opta también por complementar dicha prestación por parte de la administración autonómica hasta alcanzar "lo máximo" permitido por legislación estatal, por lo que, a juicio del Gobierno de Extremadura, era "absolutamente necesario" aprobar una norma con rango de ley.
El decreto ley extremeño recoge también que se aplicará a los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la administración autonómica la reducción prevista en la norma estatal. Para ello, no percibirán en el mes de diciembre de 2012 el importe de correspondiente a una de las 14 pagas. De igual forma, los diputados del Parlamento de Extremadura tampoco percibirán la paga extra de diciembre.
DEBATE EN SESIÓN PLENARIA
La convalidación de este decreto ley era el primer punto del orden del día de la sesión plenaria de este jueves, que se ha iniciado guardando un minuto de silencio en recuerdo del diputado de la anterior legislatura Antonio Quintana (PP), fallecido esta semana.
En su presentación, el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, realizó una llamada a los grupos políticos del PSOE e IU para que cambiasen el sentido de su votación anunciado esta semana y también durante el pleno, que sería en contra de este decreto, ya que su no convalidación, dijo, no sería "una bofetada" al Gobierno de Extremadura sino a los empleados públicos.
Así, y antes de conocer el resultado de la votación final afirmativa, debido al error en el voto de un diputado del PSOE, Nevado-Batalla insistió en que con la no convalidación no se podía "superar" lo que entendía que ya era un "perjuicio" para el personal de la administración regional.
Igualmente, insistió en que la no convalidación sería llevar a la práctica una política de "queroseno", por lo que pidió a los máximos representantes del Grupo Parlamentario PSOE-Regionalista y de IU-V-SIEX, Guillermo Fernández Vara y Pedro Escobar, respectivamente, que estuvieran a la "altura de las circunstancias".
El diputado de IU-V-SIEX Pedro Escobar durante su intervención aseguró que no compartía que la aprobación del decreto ley extremeño fuera un "mal menor", ni tampoco la "semántica" empleada por el consejero referidas a las palabras "suspensión" y "supresión", ya que dijo Nevado que la paga de los funcionarios se suspendía.
En esta línea le espetó que si se comprometía Nevado-Batalla a que en 2013 habría tres pagas extras, IU votaría a favor del decreto ley; un aspecto al que el consejero de Administración Pública respondió que, aunque le gustaría dignificar el trabajo del empleado público, nunca se comprometería a pagar lo que "quizá" no pueda pagar debido al contexto económico.
El diputado de IU también reconoció que el Ejecutivo regional había sido "hábil" al presentar en un mismo decreto medidas con "luces", como la referida a la supresión de la extra para miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos, junto a la incapacidad laboral, y otras con "sombras", como la suspensión de la paga al personal público, por lo que, a su juicio, se obligaba a "tragar" con todo.
Por su parte, el diputado socialista Alfredo Escribano manifestó el rechazo de su grupo al decreto ley extremeño y manifestó que los socialistas hubieran preferido que el Gobierno de Extremadura hubiera traído por separado las medidas, reafirmando su oposición a la supresión de la paga extra para los empleados públicos.
Al mismo tiempo, se mostró a favor de que trabajar en unión y recordó que un gobierno, como el presidido por José Antonio Monago, que no cuenta con mayoría en la cámara legislativa debería utilizar otros instrumentos que no fuera el decreto, por lo que le invitó a hablar con los partidos.
En su turno, el diputado del PP Miguel Cantero, recordó el "esfuerzo" del Ejecutivo regional por establecer los complementos en caso de incapacidad laboral temporal, y apuntó que de no aprobarse quedaría vigente el Real Decreto nacional, más restrictivo en algunos puntos, como este concreto de las incapacidades.