MADRID. La Fiscalía ha mantenido su petición de 17 años de prisión para los tres exdirigentes de los GRAPO acusados de colocar un artefacto explosivo el 29 de enero de 1998 en el restaurante "Tamara", colindante con la empresa de trabajo temporal People y situado en el número 33 de la Avenida de América, que provocó diversos daños materiales y puso en peligro a los residentes.

Durante el juicio, que se reanudará mañana, los tres acusados se han implicado mutuamente en la campaña contra empresas de trabajo temporal que los GRAPO llevaron a cabo en la década de los noventa.

El procesado Silva Sande, que en su día reveló datos sobre el secuestro del empresario Publio Cordón, ha explicado que en 1998 residía en París y formaba parte del comando central de los GRAPO, que "coordinaba todas las operaciones" de este grupo y estaba integrado por "cuatro o cinco miembros", entre ellos Pérez Martínez y Victoria Gómez Méndez.

Silva Sande ha señalado que la decisión sobre la colocación de una bomba en un restaurante de Madrid dentro de una campaña contra las empresas de trabajo temporal se adoptó en una reunión del comando central, en la que estuvieron presentes el "Camarada Arenas", exsecretario general del Partido Comunista de España reconstituido (PCE-r), y Gómez Méndez.

Ha detallado que no tiene ningún motivo de enemistad con los otros dos acusados y que no se considera dentro de los GRAPO, al tiempo que ha asegurado que todos los miembros de esta organización pertenecían al PCE-r, que era "como una cantera" para los GRAPO.

Por su parte, el "Camarada Arenas" ha negado su participación en esa reunión para poner en marcha una campaña de atentados contra empresas de trabajo temporal y ha asegurado que "jamás" planificó "cómo, dónde y con quién poner un petardo".

Pérez Martínez ha precisado que el PCE-r y los GRAPO mantenían "contactos de amistad" y "una relación política e ideológica", a la vez que ha puesto como ejemplo el caso de Victoria Gómez, que se dio de baja en el partido para incorporarse a la organización terrorista.

El "Camarada Arenas" ha asegurado que "jamás" ha tenido ninguna relación "ni política ni ideológica" con Silva Sande, a quien ha llamado "violador" y de quien ha dicho que "no tiene la suficiente talla personal ni el mínimo de inteligencia para que se le admitiese en el comité central del partido".

Al ser preguntado por su relación con Silva Sande, ha resaltado que tiene razones para no mirarle a la cara y ha agregado que fue expulsado de los GRAPO y pretendía encontrar amparo en el partido, donde se le negó rotundamente, "por unos hechos muy graves que no tienen nada que ver con la política y que eran cosas muy sucias".

Victoria Gómez Méndez ha declarado que el responsable máximo de los GRAPO era Silva Sande, que tenía el "mayor peso" dentro del comando central, mientras que "los demás éramos unos negados", ha dicho.

Ha destacado que Manuel Pérez Martínez era el secretario general del PCE-r, que no tenía nada que con los GRAPO, que eran una organización armada "completamente independiente, que no dependía de ningún partido político".

El fiscal solicita también que los acusados indemnicen a la empresa People con 105.752 euros, al restaurante "Tamara" con 85.261 euros, a la comunidad de propietarios de Avenida de América número 33 con 603 euros y al dueño de un local de este edificio con 154 euros.