sevilla. El parlamentario de IULV-CA por Sevilla y líder nacional del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, aseguró que "la expropiación alimentaria" en dos supermercados en la que participó este martes junto a miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), -donde cargaron carros con alimentos y artículos de primera necesidad para entregarlos a bancos de alimentos de la zona-, fue una acción "necesaria" y que probablemente volverá a repetirse "porque alguien tiene que hacer algo para que haya familias que puedan comer todos los días".

Así se pronunció Sánchez Gordillo, en declaraciones a Canal Sur Radio, quien también quiso responder al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que a través de su twitter consideraba "una barbaridad" que el diputado asaltara supermercados. El parlamentario de IULV-CA contestó que "más deleznable" desde el punto de vista político es el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE sobre la reforma de la Constitución.

"medida necesaria" El también alcalde de Marinaleda (Sevilla), apuntó que no cree que haya represalias por parte de IULV-CA, "sino más bien lo contrario". Insistió en que se trataba de una medida "necesaria" para dar "un toque de atención" a lo que realmente está pasando en Andalucía, "donde el 35% de las familias de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza, hay un millón doscientos cincuenta mil parados, tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros parados y sin cobrar ningún tipo de percepción". En esta línea, Sánchez Gordillo aseveró que los alimentos que se sustrajeron de los supermercados tienen "muy poco coste" y que se repartieron a bancos de alimentos, unas organizaciones, que, según explicó, atraviesan una situación "muy complicada" porque los ayuntamientos y la Cruz Roja ya no puede mandarles alimentos "porque se les han agotado".

cumplimiento de la ley En cambio el Banco de Alimentos de Andalucía rechazó ayer la forma de la protesta liderada por el SAT y Gordillo y señaló que ese "no es un camino acertado" porque "no se puede obligar a nadie, ni a ninguna entidad, a tener una responsabilidad social" con los más desfavorecidos. El presidente de esta ONG, Javier Peña, declinó entrar "en el fondo de la protesta" pero sí indicó que, sea cual sea su finalidad, esta debe cumplir "los cauces establecidos y la legalidad.