BILBAO. La central sindical ha indicado en un comunicado que, inicialmente, el pasado mes de diciembre, se modificó la normativa en lo referente a tasas y precios públicos para hacer posible el cobro a la ciudadanía por búsquedas, rescates y/o salvamentos, lo cual "afecta de manera mas grave a la ciudadanía de menor poder adquisitivo".

Con posterioridad, en marzo, según su versión, se cambiaron "de manera no regulada por la Ley de Emergencias", los Centros de Coordinación de Emergencias, de forma que se diseccionó la actividad en dos apartados, "uno para conformar el servicio que recibe las llamadas para ayuda y salvamento y otro, para el desarrollo de las emergencias y coordinación de medios que participan en las mismas".

Han criticado que se hayan cerrado los centros de Gipuzkoa y Araba para recibir, en primera instancia, las llamadas, centralizándolas en Bizkaia y ha recordado que "antes de dividir en dos el servicio" y centralizarlo en territorio vizcaíno, era la Ertzaintza, "con el personal adscrito a LAZLZ-SADAE", la que "se responsabilizaba de estas actividades", en algunos casos "con el apoyo de personal de subcontratas".

"A partir de la citada modificación se ha excluido al personal de la Ertzaintza de la recepción de llamadas, incluso cuando hay momentos en que ese servicio de recepción esta sobrecargado", ha señalado.

FORMACION "INSUFICIENTE Y RACANA"

ELA ha censurado que, "salvo la formación insuficiente y rácana" para enseñarles el funcionamiento de la aplicación Euskadi, la Ertzaintza "no ha recibido ningún otro curso de formación o actualización y reciclaje, y en lo que corresponde al centro de Bizkaia ni tan siquiera se mantienen reuniones de trabajo o sistemas similares para transmitir instrucciones nuevas".

"La situación es de total marginación, sin olvidar que, además, sin causas justificada alguna, se han utilizado con profusión los cambios de ubicación interterritorial del personal y que personal

contratado que, como consecuencia de la centralizacion del servicio, no aceptó el traslado a Bilbao, ha sido despedido", han añadido.

A juicio de ELA, estas decisiones, "han propiciado que la actuación y actividad se centre en cumplimentar las meras medidas de control impuestas por el Departamento de Interior, sin tomar en la mas mínima consideración lo que piensan o demandan la

ciudadana en general los trabajadores del servicio en particular o las Instituciones de los diferentes territorios".

Según ELA, cuando "en un Servicio de Emergencias los segundos se pueden convertir en causa de vida/muerte, una de las consecuencias que ha conllevado la decisión de unificación centralizada es la ampliación del tiempo de respuesta además de que este alejamiento del servicio respecto a la ciudadanía conlleva una perdida de calidad en el servicio prestado, sin obviar los riesgos derivados para la ciudadanía que pudiera encontrarse indefensa en el caso de una avería o desastre que pudiera acaecer en ese único centro de atención.

Por todo ello, desde el sindicato han asegurado que las medidas adoptadas en este ultimo año son negativas y ha responsabilizado al Departamento de Interior de este "empeoramiento por cuanto son quienes, no respetando ni tan siquiera lo legislado, han propiciado esta situación, subrayando que esta responsabilidad recae sobre ellos y en ninguna caso sobre el personal que pese a estas circunstancias se esfuerza en prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía".