Vitoria. Pese a que el pasado jueves Iñigo Iruin, abogado de Sortu, rechazaba de plano tanto una "ilegalización preventiva como una legalidad vigilada", la sentencia del Tribunal Constitucional que legaliza a Sortu, cuya literalidad se dio a conocer en la jornada de ayer, lanza una serie de advertencias y marca las causas que podrían devolver a la ilegalidad al nuevo partido de la izquierda abertzale. En los últimos tres folios de las 77 páginas que completan el fallo, el alto tribunal de garantías asegura que "a la vista de las experiencias frente a las tentativas de eludir la ilegalización, este tribunal quiere llamar la atención sobre algunas conductas que pueden conducir a la ilegalización de una determinada formación política". El primero de los casos que se enumeran son las expresiones tendentes a "comparar la violencia terrorista con la coacción legítima por parte del Estado". En la sentencia se asegura que tal equiparación choca con los principios implantados en la Constitución. En este sentido, la sentencia señala que "no resultan admisibles comunicados ambiguos sobre la equidistancia entre el Estado y el terror".

Otras de las acciones que, según el dictamen del Constitucional, podrían llevar a plantearse una ilegalización a posteriori sería la equiparación entre víctimas y presos. En concreto, se asegura que "en democracia no puede asumirse todo intento de colocar en el mismo plano el sufrimiento infligido a las víctimas de la violencia terrorista y el eventual efecto aflictivo asociado al cumplimiento de las penas impuestas a quienes causaron graves daños a las víctimas". Legitimar el terrorismo o ensalzar a los autores de acciones terroristas, "o su presentación como víctimas o héroes", es otro de los motivos que llevarían a los tribunales a reconsiderar la legalización de Sortu. En la sentencia se hace alusión a la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas para recordar que está perseguido penalmente "la realización de actos públicos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares". Por último, la resolución del Constitucional señala que "un partido político vulnera los principios democráticos y legitima la violencia terrorista cuando, con desprecio del orden constitucional, supedita su rechazo a la consecución negociada de objetivos políticos que solo pueden alcanzarse con procedimientos democráticos".

El pasado jueves -un día después de que se hiciera público el sentido de la sentencia del TC-, y ante las afirmaciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que el Gobierno español mantendría una actitud vigilante con respecto a Sortu, Iñigo Iruin aseguró que los únicos condicionantes a los que se debe someter el nuevo partido de la izquierda abertzale es el estricto cumplimiento de los principios que se establecen en la Ley.