Madrid. El teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Juan José Martínez Casallo, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) información complementaria sobre los viajes del presidente de este órgano, Carlos Dívar, a un hotel de lujo en Marbella para aclarar si la Intervención General del Estado puso alguna pega a esos traslados. En concreto, según fuentes jurídicas, la Fiscalía ha solicitado una certificación de la interventora delegada de la Intervención General del Estado para que informe si puso alguna objeción a la veintena de viajes a los que hace referencia la denuncia presentada por el vocal del CGPJ Javier Gómez Benítez contra Dívar por malversación de caudales públicos.

Además, el fiscal ha pedido la normativa o acuerdos que regulan la tramitación de este tipo de expedientes relativos a desplazamientos o viajes de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y algún dato más sobre los viajes concretos a los que alude Gómez Benítez en su denuncia.

Tras la petición de la Fiscalía, el CGPJ remitió de forma inmediata la nueva documentación solicitada y ya desde Martínez Casallo analiza en profundidad todos los informes relativos a los 20 viajes que, según Gómez Benítez, se cargaron a los fondos del Consejo cuando "tienen toda la apariencia de ser gastos privados". Según el denunciante, el coste total de estos viajes, realizados desde noviembre de 2008, alcanzó los 13.000 euros.

Frente a las acusaciones de Gómez Benítez, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (y del Tribunal Supremo) sostiene que separó sus gastos privados de los institucionales en cada uno de los viajes sospechosos.

división Al respecto de este escándalo, El País adelantaba ayer que el Consejo del Poder Judicial tiene en total más de un centenar de folios de documentación relativa a los viajes de Dívar, todos ellos al mismo hotel de lujo situado en Puerto Banus, en Marbella (Málaga), y de puentes larguísimos (hasta cuatro días).

Tras conocerse la existencia de la denuncia, el órgano de gobierno de los jueces está dividido. Ni Gómez Benítez ni Dívar cuentan con apoyos entre sus colegas, aunque la mayoría de los vocales apuestan por la dimisión del actual presidente sin que ello suponga reforzar a Benítez, sobre el que pesa, dicen, "un tufo de venganza personal por el caso Garzón, de quien fue abogado".