palma de mallorca. El abogado de la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear, Maria Antònia Munar, pidió ayer, en la primera jornada del proceso, la suspensión del juicio contra ella por "indefensión" al no haber podido pedir una prueba pericial en su momento, lo que el tribunal rechazó. La que fue también líder de Unió Mallorquina (UM) se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel en el primer juicio de corrupción que se celebra contra ella, correspondiente a una pieza del llamado caso Maquillaje. En esta pieza, en la que están acusadas un total de diez personas, entre ellas el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal (UM), se investiga el supuesto desvío de 240.000 euros para que, a través de testaferros, UM se hiciera con la mitad de la productora Vídeo U. La operación habría sido ideada por la cúpula de la formación regionalista con Munar a la cabeza y financiada con los fondos públicos que ésta gestionaba como presidenta del Consell mallorquín en la legislatura 2003-2007.
testimonio El acusado Miquel Oliver, dueño de Vídeo U, explicó ayer que la compra de la mitad de su productora respondió a la intención de Unió Mallorquina (UM) de tener una televisión afín.
Durante la primera sesión del juicio, Oliver explicó que en 2003 decidió vender la mitad de sus empresas porque estaba enfermo y porque no conseguía ninguna contratación pública por el "veto" que le hacía el Govern de Jaume Matas. "Me discriminaban en todos los niveles", dijo, a lo que ha añadió que, a su juicio, "tanta prevaricación es dar como quitar". Entonces, explicó, acudió a Nadal para conseguir contrataciones del Consell y le comentó que quería vender sus sociedades, a lo que el político le respondió que le buscaría compradores.
En ese momento Nadal le dijo que su interés era tener "una televisión de tendencia como la FOX" que fuera favorable ideológicamente a UM, "ya que se iba a convocar un concurso para otorgar canales de TDT". Un tiempo después, según añadió, Nadal le puso en contacto con los compradores, Miguel Sard y Víctor García, que la Fiscalía sospecha eran testaferros de Nadal y Munar y sirvieron a los políticos para apropiarse de dinero de la institución que gobernaban.
Oliver, que se enfrenta a una petición fiscal de un año y tres meses de cárcel, explicó que más tarde vio que la mujer de Nadal se apellidaba Sard y le preguntó por el asunto, a lo que el exvicepresidente del Consell le contestó que el comprador de la empresa era el primo de su esposa.