MADRID. El pago en efectivo en las transacciones en las que esté presente un empresario profesional quedará limitado a 2.500 euros a partir de la aprobación, mañana, del plan de lucha contra el fraude fiscal, según desveló el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El incumplimiento de esta norma supondrá multas del 25% de la cuantía del pago, añadió.

El jefe del Ejecutivo ofreció estos detalles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde defendió la necesidad de adoptar medidas excepcionales y una política económica "dura y costosa aunque no produzca efectos a corto plazo". Para ello está dispuesto a dialogar, como le expresó al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero también recalcó que tiene la "legitimidad de los votos para gobernar".

enfrentamientos Dentro de los planes para aumentar la recaudación, con el plan de lucha contra el fraude fiscal que aprobará el próximo Consejo de Ministros, el Gobierno prevé recaudar 8.171 millones de euros, según el cálculo inicial que hizo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando anunció la medida el pasado 5 de enero. Esta cantidad está un 11,3% por debajo de los 9.209,77 millones de euros alcanzados en 2011, cuando se produjeron ingresos extraordinarios superiores a los mil millones.

Rajoy, a preguntas del diputado de IU Cayo Lara, especificó dónde se sitúa el límite para el pago en efectivo, en los 2.500 euros, y recordó que "está en línea con lo previsto cuando se hablaba de que el plan estaría inspirado por los modelos francés e italiano", donde la limitación es a partir de 3.000 y 1.000 euros, respectivamente.

Ante los reproches de Lara, que afeó el plan antifraude cuando el Gobierno ha dado una amnistía fiscal para las rentas no declaradas que afloren antes del 30 de noviembre, Rajoy se defendió diciendo que tal medida tiene sentido "en la situación actual". El presidente insistió en que es una "medida excepcional", que solo tendrá efectos en 2012 y responde a un momento en que España necesita reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013. Asimismo, recordó que se han adoptado medidas similares en 1977, 1984 y 1991, y recalcó que en aquellas ocasiones sí fueron amnistías fiscales "porque las rentas que se regularizaron no pagaron nada, mientras que ahora deberá abonarse entre un 8 y un 10%".

El debate se puso más tenso en el turno de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien afirmó que los Presupuestos Generales del Estado de 2012 "son creíbles y los únicos posibles" tras ocho años de Gobierno socialista "que dejó un déficit del 8,5%". Así respondió a la diputada socialista Soraya Rodríguez sobre si considera que los presupuestos generan confianza. Ante la algarabía reinante en el hemiciclo durante el debate, la vicepresidenta ironizó al decir que "ese estado de excitación no es bueno para hablar de los presupuestos".