vitoria. Llegó al Gobierno de Mariano Rajoy como un hombre de consensos y ha terminado adentrándose en un campo de minas. Después de que el Ejecutivo español hiciera saltar las alarmas anunciando una reforma para activar sanciones penales contra los gestores públicos con vistas a atajar el despilfarro presupuestario, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón remató ayer la faena en una plaza complicada a pesar de la mayoría absoluta del PP. Obviando los consensos aconsejables en una materia tan sensible como la justicia, el popular anunció una tasa para poder recurrir las resoluciones judiciales, la reforma de la Ley del Menor para juzgar conjuntamente a menores y mayores de edad por delitos graves y la posibilidad de instaurar una prisión permanente revisable. Un cóctel explosivo que motivó la oposición en bloque de partidos como PSOE, IU o BNG, a los que se sumaron el PNV o Geroa Bai para criticar la doctrina Parot y la apuesta por que 12 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no sean nombrados por el legislativo, sino por los magistrados.

El diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba hizo hincapié en un eventual copago para estimar que es "tan injusto que se comenta por sí solo" porque, según dijo, posibilitará que "los que tienen menos" no puedan recurrir una sentencia desfavorable. En este sentido, si bien Gallardón se cuidó de matizar que la tasa no sería aplicable en los juicios penales y a las personas sin recursos suficientes, queda por ver cómo se catalogará a cada ciudadano en función de sus ingresos -lo que ya supondría lesionar la igualdad- y en qué punto se estimará que no dispone de dinero. Además, el socialista cargó contra las formas del PP. "No se puede decir quiero consenso en justicia y luego promover iniciativas que lo rompen", dijo.

El PP sí contó con el lógico apoyo de sus filas y con el ofrecimiento de la Comunidad de Madrid, que quiso ser el banco de pruebas de los cambios de la Ley del Menor. La propia Esperanza Aguirre, además, consideró "admirable" que Gallardón defendiera la obligatoriedad de que las menores consulten a sus padres antes de abortar. Un análisis que compartieron asociaciones como Derecho a Vivir, que incluso pidieron cambios más restrictivos. Colectivos como la Federación de Mujeres Progresistas se situaron al otro lado de la balanza para esgrimir que las jóvenes de 16 y 17 años pueden adoptar decisiones "vitales" como donar un órgano o someterse a una operación de riesgo, al tiempo que otras plataformas entrevieron la posibilidad de que aumenten las prácticas clandestinas.

Rubalcaba, por su parte, consideró que la modificación supondría un "retroceso inaceptable" para las mujeres, que retrotraería las leyes a 1985. Su compañero de filas y portavoz en la comisión del ramo Julio Villarrubia, asimismo, cargó contra la posibilidad de sancionar a los gestores públicos por opinar que se trata de una "ocurrencia" y de una iniciativa "populista". Desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares ironizó al asegurar que Soraya Sáenz de Santamaría "le quitó la noticia" ayer a Gallardón al avanzar los cambios en el CGPJ, por lo que el ministro "se ha quedado con la cadena perpetua".

"que persiga la corrupción" El diputado alertó ante la posibilidad de instaurar una justicia "a dos velocidades" con la tasa de los recursos y pidió, en cambio, perseguir "el reguero de corrupción". Las diputadas de BNG e ICV, Olaia Fernández y Laia Ortiz, por su parte, opinaron que reformar la Ley del Aborto supondrá "un paso atrás", y avisaron al Gobierno español de que "no puede tutelar a las mujeres".

Las asociaciones de jueces, por su parte, mostraron sus dudas sobre el cambio de la Ley del Menor, que sí aplaudió el padre de la joven sevillana Marta del Castillo por considerarlo el fruto de "tres años de lucha". Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llanera estimó en declaraciones a Europa Press que pondrá fin a la situación que se produce en la actualidad cuando un menor y un adulto son juzgados por separado por el mismo delito y obtienen sentencias "contradictorias", al tiempo que los testigos no se verían obligados a ofrecer sus testimonios por partida doble. Desde Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez alertó de que el proceso penal busca la reinserción en el caso de los menores, pero "otras finalidades" en los adultos. Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales se rechazó aplicar una tasa que pueda poner en riesgo el concepto de la justicia como servicio público.