LUGO. Será el Tribunal Supremo quien decidirá sobre la presunta implicación del actual ministro de Fomento, José Blanco, en la denominada Operación Campeón, un sumario que investiga en Galicia el cobro de comisiones a cambio de subvenciones a un grupo de empresarios entre los cuales está Jorge Dorribo, que es quien implica al número dos del PSOE.
Así se desprende de un auto dado a conocer ayer por la titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, encargada de investigar el caso en tierras gallegas. La magistrada justifica el traslado de la causa a Madrid (sólo en lo referente a Blanco) amparándose en la condición de diputado del titular de Fomento, aunque no aclara qué es exactamente lo que remite al Alto Tribunal. Fuentes del Supremo señalaron que dos son las posibilidades: por un lado que haya enviado la documentación que en la causa tenga que ver con Blanco (las presuntas acusaciones de cobro de comisiones ilegales), o, por otro, la exposición razonada contra el ministro por la presunta comisión de delitos. Si es lo primero, lo más probable es que el Supremo devuelva la causa a la juez gallega hasta que concluya del todo la investigación; si es lo segundo, el Alto Tribunal habrá de determinar si sobresee el caso o por el contrario, entra en fase de instrucción. El hecho de que se desconozca este dato es porque la jueza San José, ha ampliado el secreto de sumario hasta mediados de noviembre
el caso En el marco de la Operación Campeón sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas Dorribo y dos altos cargos del Igape (Instituto Galego de Promoción Económica), todos ellos hoy en libertad. Dorribo, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la jueza que instruye el caso. Según El Mundo, en esta declaración Dorribo implicó en el cobro de comisiones al ministro de Fomento, José Blanco; y a los ya exdiputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), que dimitieron tras la publicación de estas informaciones. El ministro manifestó el pasado lunes que es "falso" que el empresario pagase 200.000 euros a un primo suyo para poder reunirse con él e insistió en que confía "plenamente" en la Justicia.
