Vitoria. El Gobierno Vasco rechazó ayer explicar la razón por la que no se ha ejecutado el pago de las subvenciones a las asociaciones de víctimas del terrorismo correspondientes a 2011, y que ascienden a 400.000 euros, un retraso que reveló DNA el pasado martes y que ha sembrado la incertidumbre sobre los cuatro proyectos que conforman el eje de la actividad de Covite, la asociación de damnificados por ETA más importante de Euskadi, con más de 400 socios. Según explicó ayer Caty Romero, la integrante del colectivo que trabaja más en el día a día de la asociación, el Ejecutivo autónomo no les ha podido siquiera garantizar, en la última reunión del Consejo de Participación de Víctimas, si los pagos correspondientes a 2011 se realizarán este mismo año, un extremo que ayer el Departamento de Interior dirigido por Rodolfo Ares también rehusó aclarar.
La consecuencia de no haber cobrado y de no saber cuándo se producirán los pagos obliga a estos colectivos a andar con pies de plomo a la hora de organizar su actividad diaria. "Estamos jugando con un dinero que no sabemos si recuperaremos", señaló ayer Romero, quien explicó que en cambio Covite sí ha recibido las partidas comprometidas por el Ministerio del Interior que dirige Antonio Camacho.
Con los fondos del Gobierno Vasco pendientes de pago Covite financia el proyecto de Atención, orientación y apoyo a las víctimas. Se trata de la principal actividad de la asociación, el "trabajo de la oficina", según Romero, que se concreta en la prestación de asistencia jurídica a los afectados por atentados, en la revisión de casos antiguos en la Audiencia Nacional o en la adquisición de diverso material bibliográfico.
Otro de los proyectos que dependen de estos fondos es el de Acompañamiento a los juicios de la Audiencia Nacional, un servicio mediante el que Covite persigue principalmente arropar a los damnificados por ETA, ya que Covite carece de abogados que puedan representar a las víctimas en el tribunal estatal.
El tercer programa cuya financiación corre a cargo de las subvenciones del Gobierno Vasco es el de Asistencia Psicosocial. Se trata de organizar actividades para las víctimas con el fin de ayudarles a llevar una vida normalizada, como homenajes como el llevado a cabo recientemente en Sangüesa a dos policías nacionales asesinados en 2003 en la localidad navarra, o simplemente excursiones que permitan a las víctimas desconectar del día a día.
"Son, por ejemplo, viajes a Galicia, siempre fuera del País Vasco, principalmente para viudas que viven en pueblos pequeños y tienen poca relación con el entorno", señaló Romero, quien explica que estas mujeres suelen sentirse "solas y olvidadas" en estas localidades.
El cuarto programa que depende de las ayudas del Ejecutivo autónomo es el de Información y concienciación social, que persigue trasladar a la sociedad la realidad de las víctimas y el que hace más visible la actividad de Covite. Son jornadas como las que organizará en Donostia a finales de este mismo mes de noviembre; la concesión del X Premio internacional de este colectivo al exconsejero vasco Joseba Arregi, el mantenimiento de la web de la asociación o, incluso, la entrega del libro Vidas Rotas a los responsables de Lokarri durante la Conferencia de Aiete del pasado 17 de octubre.
Según explicó Romero, la incertidumbre con respecto al cobro de las subvenciones hace que en Covite ni siquiera sepan si imprimir los logotipos de la consejería de Interior en los folletos y cartelería de sus programas y actividades, una obligación estipulada por los propios convenios de ayudas.
La portavoz de la asociación indicó que es habitual, al margen del retraso excepcional de este año en los pagos, que estos colectivos programen la mayor parte de sus actividades a finales de año, con el fin de saber con qué dinero cuentan.
ajustes en 2012 El próximo ejercicio las asociaciones vascas deberán apretarse un poco más el cinturón. el proyecto de Presupuestos del Gobierno Vasco para 2012 rebaja la aportación a estos colectivos de los 400.000 euros actuales -una cantidad congelada desde 2010-, hasta los 260.000, un 35% menos que se engloba en la política de fuertes ajustes emprendida por el Ejecutivo ante el actual contexto de crisis.
