Los socios de Gobierno definen el frente fiscal como el terreno acotado de discrepancia

El PP no habla en broma cuando se cierra en banda a aplicar "un concepto económico fracasado en todo el mundo", pero lejos de poner en peligro el pacto de Gobierno, que Basagoiti insiste en reafirmar día tras día, los populares se limitaron ayer a recordar que, si ellos no quieren, no habrá reforma.

"El PP podrá acordar con el PSE luchar contra el fraude fiscal y medidas de apoyo a la creación de empleo, y con el PNV podremos acordar medidas fiscales claras e incentivadoras para que venga inversión a Euskadi. Ésa es la pluralidad del País Vasco, un día se puede llegar a un acuerdo con el PNV y otra con el PSE". Así de claro. Basagoiti abrió en los micrófonos de Radio Euskadi el terreno de juego y se mostró dispuesto a hacer bandera de la transversalidad para abortar el giro a la izquierda que ha diseñado el equipo del lehendakari tras los malos resultados del PSE en las municipales.

Y es capaz de hacerlo, porque aunque López quiere sacar réditos en forma de liderazgo en el Órgano de Coordinación Tributaria y en el Consejo Vasco de Finanzas aprovechando que deberá mediar entre tres diputaciones de diferente color, a la postre son las instituciones forales las que deciden en materia de impuestos, y ahí jeltzales y populares son quienes tienen el poder.

Tanto en el OCT, que se reúne periódicamente para garantizar que Álava, Gipuzkoa y Bizkaia siguen una senda común en materia impositiva, como en el CVF, que decide el reparto de la recaudación entre las diferentes instituciones, el Gobierno Vasco cuenta con tres representantes por uno de cada diputación.

Así, si el Ejecutivo es capaz de convencer a Bildu, que gobierna Gipuzkoa, de la idoneidad de su proyecto de reforma fiscal y si a López y Garitano no les asusta volver a fotografiarse juntos, las matemáticas hablarán por sí solas. Bizkaia, del PNV, y Álava, del PP, se quedarán sin margen de maniobra ante el Gobierno. Basta, incluso, con que Bildu no se alinee con PP y PNV.

El PSE se convertirá ese día en el eje de la política vasca, pero los impuestos de los vascos no se tocarán. Y no lo harán porque son las Juntas Generales de cada territorio las que deciden cómo se recauda en sus dominios. No parece, además, que al diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao, le moleste alinearse con el PP en materia económica, habida cuenta de la airada reacción que tuvo ante el plan del lehendakari. En el caso de Álava, el diputado general Javier de Andrés se mostró dispuesto a dialogar con Lehendakaritza, pero vista la advertencia lanzada ayer por Basagoiti lo tendrá que hacer con límites muy claros. "El que venga de la Margen Izquierda con la idea de poner más impuestos, igual se queda solo porque es incapaz de acordar con alguien".

Así, puede darse la situación de que Álava y Bizkaia sigan una misma política fiscal, y que Gipuzkoa haga la suya propia, basada en el proyecto del lehendakari o siguiendo un criterio propio. En ese caso habría que echar mano por primera vez en la historia de la Ley de Armonización Fiscal para reequilibrar la fiscalidad de los tres territorios. El debate saltaría entonces al Parlamento, y en el Legislativo el juego de mayorías decantaría la balanza a favor de PP y PNV, que suman 43 votos frente a los 32 que podría reunir el PSE si le acompañan Aralar, EA, EB y UPyD.

Ya se dio una situación parecida en 2008, cuando el diputado de Hacienda guipuzcoano, de Hamaikabat, quiso rebajar el Impuesto de Sociedades al 30% en lugar de al 28% al que lo iban a reducir Álava y Bizkaia. El máximo mandatario foral, Markel Olano, dictó entonces un decreto de normal foral para subsanar la situación, poniendo de manifiesto las diferencias que ya existían entonces entre el PNV y la escisión de EA.